El gobernador de Nuevo León, Samuel García, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la entidad que suspende el reglamento elaborado para poder ejercer los recursos del Fondo de Municipios, el cual asciende, para el presupuesto de este año, a 2 mil 500 millones de pesos.
Por esta pugna, el mandatario estatal promovió ante el máximo tribunal del país dos controversias constitucionales en contra del Poder Judicial de Nuevo León.
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La primera por admitir la demanda del Congreso estatal y conceder la suspensión solicitada contra la expedición del Reglamento para la presentación de Proyectos y Ministración de Recursos del artículo 98 de la Ley de Egresos de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2023.
La segunda demanda presentado por García Sepúlveda es contra la suspensión en la aplicación de los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de dicho reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de enero de este año.
De acuerdo con registros públicos de la SCJN, el ministro Javier Laynez Potisek, será quien, en primera instancia, decida si da entrada a este par de controversias constitucionales, previo cumplimiento de requisitos de legalidad en este tipo de demandas.
Este asunto deriva de una pugna más entre el gobernador Samuel García y el Congreso de Nuevo León, en este caso porque en el presupuesto de este año, diputados locales autorizaron un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinado a municipios “para pavimentación, movilidad, acciones de seguridad, parques y cualquier obra de infraestructura productiva”.
Una semana después de que fuera aprobado esto por el Legislativo, García Sepúlveda publicó en el Periódico Oficial del Estado reglas de operación para que los municipios pudieran ejercer dichos recursos, las cuales incluían, entre otras, la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas estatal el proyecto a realizar.
Al considerar que invadía atribuciones constitucionales, el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, impugnó este reglamento ante el Tribunal Superior de Justicia estatal, el cual concedió la suspensión para que no se aplicara, con el argumento de que “no se prive a los municipios de la base material y económica necesaria para ejercer sus obligaciones constitucionales frente a la sociedad”.
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