Pese a que constitucionalmente no procede, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó este martes por segunda ocasión un veto a las tarifas sociales para el transporte público, por considerar que está fuera de la realidad y tiene un impacto presupuestal.
Cerca de las 14:30, Mauricio Treviño, funcionario de la Consejería Jurídica del gobernador, entregó el veto y la documentación correspondiente en la Oficialía de Partes.
Aunque se le cuestionaron las razones, el funcionario no respondió.
El 11 de febrero, el Pleno del Congreso local acordó que el Gobierno del Estado implemente tarifas preferenciales en el transporte público para estudiantes, grupos vulnerables, y de manera general para las personas que lo utilizan.
En la reforma, a los artículos 183 bis, 183 bis 1 y 183 bis 2, establece que las tarifas sociales aplicables a los servicios y modalidades del transporte público urbano serán:
Multiviajes: Se ofrecerá a los usuarios una tarifa menor para pases de 7 viajes, 20 viajes y 30 viajes teniendo vigencia de hasta 30 días hábiles.
Tarifa de transbordos: Se ofrecerá a los usuarios una tarifa única para realizar viajes durante el día.
Tarifa preferencial: Se otorgará como mínimo una tarifa del 25% de descuento para grupos vulnerables.
Así, el Comité Técnico, la Junta de Gobierno y el Instituto de Movilidad deberán proponer, autorizar y aplicar las tarifas sociales en un plazo de tres meses, es decir, a más tardar en el mes de mayo.
El decreto fue enviado al gobernador Samuel García para que lo publicara en el Periódico Oficial a más tardar el 21 de febrero, pero esto no sucedió.
El gobernador solo podría ir a la Suprema Corte para alegar impacto en las finanzas, sin embargo, presentó nuevamente las observaciones y éstas no podrían ser atendidas por el Congreso.