Al considerar que los diputados del PRI, PAN y sin partido violaron una suspensión judicial, al modificar la Constitución de Nuevo León para quitarle al gobernador el derecho al veto dentro del proceso de elección de fiscal General de Justicia del Estado, el mandatario estatal, Samuel García Sepúlveda, y la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, presentaron una denuncia contra ellos ante la Fiscalía General de la República.
De proceder la denuncia, los legisladores podrían enfrentar un juicio por abuso de autoridad, pisar la cárcel y hasta ser inhabilitados.
Según el asunto presentado ante la delegación de la FGR por Samuel García, gobernador del Estado; Eduardo Gaona, coordinador de MC, y su homólogo Roberto Farías, del cual MILENIO-Multimedios posee una copia, se afirma que la denuncia es por los hechos acontecidos en la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2022, en la que el Congreso aprobó una reforma al Artículo 159 de la Constitución en el tema del fiscal.
Sin embargo, esta reforma fue aprobada en primera vuelta constitucional, es decir, que para que sea votada la segunda vuelta, en la que se requiere de 28 votos, debe ser publicado primero el debate en el Periódico Oficial.
Consumado esto, la designación del nuevo fiscal se realizaría mediante votación por dos terceras partes de los integrantes del Congreso, removiendo la atribución con la que contaba García Sepúlveda.
El pasado 15 de noviembre, el gobernador presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra actos del Congreso, con el objetivo de reponer el proceso de elección para fiscal General de Justicia y que a su vez no encabece este órgano Adrián de la Garza.
Los diputados, según el área jurídica estatal, fueron legalmente notificados de una suspensión definitiva concedida el 10 de noviembre por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, dentro del incidente de suspensión 1482/2022, en la que se ordena el freno absoluto al proceso de designación del fiscal.
Según el Estado, el Congreso no puede realizar cualquier sesión ordinaria o extraordinaria relativa a ese tema.
Además consideran que hay una violación de una suspensión de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por el ministro Juan Luis González, dentro de la controversia constitucional 238/2022, solicitada por el Ejecutivo.
Es decir, que el ministro ordenó al Congreso local que se abstuviera de emitir actos que consumen o ejecuten la etapa final de dicha designación.
Dentro de los argumentos del Gobierno se afirma que el abuso de autoridad podría ser sancionado por el Artículo 215 del Código Penal Federal, además del delito de la contravención a la Ley de Amparo en los Artículos 103 y 107.
“Podría haber prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”, se lee en los articulados.
García Sepúlveda dijo que agotada la investigación y, en su caso se ejerza la acción penal, podría haber una audiencia de formulación de imputación contra los legisladores.
“(Pido) que se autorice a los licenciados Ulises Carlín de la Fuente, David Canales Sepúlveda, Luis Ernesto Rodríguez Quiroga, Pablo Andrés Vela Padilla, Raymundo David Gallegos Castruita, Jorge Bastida Rodríguez, José Jesús Uribe Tovar, Yunuen Verónica González Hurtado, Fernando Ortiz Cervantes y Javier Ramírez Pérez, para que en forma conjunta o indistinta colaboren aportando datos de prueba, mediante escritos o actos de investigación que se requieran en el curso y seguimiento de la presente solicitud”, indicó García.
Luego, el gobernador presentó una queja por violación a la suspensión decretada, señalando como autoridades responsables al Congreso del Estado, los grupos legislativos del PRI y el PAN, así como la diputada independiente Jessica Martínez.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León aceptó un recurso legal contra los legisladores por violar la orden judicial de suspender el proceso de designación del fiscal General de Justicia del Estado.
Éste a su vez fijó la primera audiencia incidental de pruebas y alegatos a las 11:40 del 9 de enero de 2023 y se requirió a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días rindan su informe con relación a los hechos planteados, y acrediten haber cumplido con la suspensión.
Con el apercibimiento que, de no hacerlo dentro del plazo otorgado o por la deficiencia del informe en cuanto al pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la suspensión, se presumirá cierta la conducta que se les reclama.