La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para establecer el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas bajo la presunción de vida y sin estar vinculando a la investigación ministerial.
Avalado con 27 votos a favor y cuatro abstenciones, el dictamen turnado al pleno para su discusión y votación establece que “todas las personas tienen el derecho a ser buscadas y el Estado las protegerá contra las desapariciones, las buscará bajo la presunción de vida, sin estar vinculando a la investigación ministerial”.
Asimismo, se preservará su personalidad conforme a la ley y, de encontrarla sin vida, identificará y entregará sus restos de forma digna a quien tenga derecho.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, subrayó que el dictamen aprobado define la obligación del Estado mexicano de buscar a las personas desaparecidas.
La también legisladora morenista Vanessa del Castillo sostuvo, a su vez, que la reforma es solidaria con las familias que buscan a sus hijas e hijos, pues todos estamos vulnerables a tener a alguien desaparecido o no localizado.
El diputado Hamlet García, igualmente de la bancada guinda, puntualizó que, con el agregado, “todas las personas tienen derecho a ser buscadas”, se genera coherencia en el texto constitucional, y la mención de Estado se refiere a las esferas municipal, estatal y federal y a todos sus poderes.
Por el PRI, la legisladora Cynthia López Castro remarcó la importancia de mejorar la búsqueda de personas en el país.
Recordó que, tan solo en 2022, se registraron 109 mil personas desaparecidas a nivel nacional, más los casos no reportados, por lo que es fundamental legislar sobre el tema.
En su reunión de este miércoles, la comisión dictaminadora avaló una reforma al artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una ley general en materia de protección a personas defensoras y protectoras de derechos humanos.
“Es decir, una norma que obligue a todos los órdenes de gobierno y a todos los entes del Estado mexicano; una ley general que va a distribuir competencias en materia de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos”, expuso el diputado Robledo.
EHR