La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para restituir a la Secretaría de la Función Pública sus atribuciones en materia de control, fiscalización y sanción a los servidores públicos.
El dictamen forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y rectifica la decisión presidencial de extinguir al comienzo del actual sexenio a la Función Pública para sustituirla por un órgano constitucional autónomo encargado del combate a la corrupción, que a la postre no prosperó.
A propuesta de diputados federales del PAN, PRD y Morena, así como senadores del PRD y PVEM, la reforma reincorpora a la Secretaría de la Función Pública al listado de entidades dependientes del Ejecutivo Federal.
Entre otras facultades, la dependencia tendrá nuevamente a su cargo la responsabilidad de conocer, investigar y sancionar las conductas de los servidores públicos que, en su caso, constituyan responsabilidades administrativas.
Asimismo deberá presentar las denuncias correspondientes ante la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Procuraduría General de la República.
La Función Pública practicará por sí misma o a solicitud de la Secretaría de Hacienda las auditorías, revisiones y evaluaciones con el propósito de fiscalizar y promover la eficiencia en la gestión de las diversas dependencias públicas.
Atenderá también las quejas e inconformidades de particulares con motivo de contratos y convenios con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
La secretaría recibirá y registrará las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, además de verificar su contenido por medio de las investigaciones pertinentes.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para ser discutido en lo general y en lo particular durante la sesión de mañana jueves.