En busca de una solución de fondo a los problemas de inseguridad, de construcción de paz y convivencia, el municipio de San Pedro arrancó su nuevo modelo de Justicia Cívica con el que pretende prevenir y erradicar las conductas antisociales, así como facilitar los derechos cívicos y sociales.
Durante la presentación del mismo se explicaron, entre otras cosas, que los reglamentos para Policía y Tránsito se homologaron con normas y procedimientos que previenen la violencia y fomentan la paz, la legalidad y la participación ciudadana, que se impulsa la policía de proximidad y promueve la solución de conflictos antes de que trasciendan, y se permite interponer denuncias ciudadanas por infracciones administrativas hasta 30 días después de que sucedieron los hechos.
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Se implementa una nueva unidad de atención a víctimas de la violencia, se crea la defensoría pública municipal, se realiza un evaluación psicosocial a los detenidos con perfil de riesgo, se promueve la conciliación de los conflictos a través de la mediación, y se le brinda al juez cívico la facultad para dictaminar trabajo a favor de la comunidad como una sanción directa.
"Este evento refleja lo multidisciplinario y la necesidad de que participemos diferentes órdenes de gobierno con diferentes enfoques para construir la paz, entendiendo que la justicia cívica es entender el contexto, lo demás son aspirinas, si queremos arreglar las cosas sin entender el contexto de lo que está pasando no estamos logrando una solución de fondo", expresó Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro.
El alcalde estuvo acompañado para este lanzamiento por William H. Duncan, cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey; Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública estatal; Gabriel Deschamps Ruiz, sub secretario de gobierno de Nuevo León; Víctor Zorrilla Vargas, coordinador general de la Mesa Metrópoli de Monterrey; Mónica Lucía González Martínez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de San Pedro; José Dávalos Siller, secretario del Ayuntamiento; Gerardo Escamilla Vargas, secretario de Seguridad Pública municipal, e Irene Ovalle Araiza, presidenta del DIF San Pedro.
"Una de las bondades del nuevo modelo de justicia cívica es la policía de proximidad orientada a la solución de problemas, este enfoque implica que la policía con el apoyo de sus unidades de análisis sea capaz de identificar no solo las conductas delictivas, faltas e infracciones, sino además las condiciones presentes en el entorno que facilitan o detonan estas conductas, y que a partir de esta información se diseñen respuestas a la medida.
"Esto implicará transformar la filosofía del servicio policial que pasa a ser de un cuerpo represivo del estado a un facilitador de la vida social, así como para mejorar la cobertura y la calidad del servicio ante la ciudadanía", señaló Gerardo Escamilla Vargas.
Por su parte, Víctor Zorrilla Vargas destacó que este modelo busca resolver "en corto" los problemas entre vecinos y las conductas antisociales antes de que se escalen, y para ello, dijo, la clave es la prevención.
Mientras que Aldo Fasci Zuazua indicó que de las más de un millón 100 mil llamadas que recibieron en el 2019 por faltas administrativas, de las cuales resultaron 88 mil detenidos, el 40 por ciento fueron por problemas entre vecinos.
"El objetivo del modelo es fomentar redes locales entre los sectores públicos y privados y la sociedad civil para apoyar esfuerzos para prevenir la violencia y la criminalidad", enfatizó por su parte William H. Duncan, cónsul general de los Estados Unidos en Monterrey.