Olga Sánchez Cordero aseguró que la Secretaría de Gobernación no intervendrá en el caso de Baja California, donde el congreso local cambió su Constitución para ampliar el mandato de Jaime Bonilla, ni tampoco en Veracruz donde el legislativo destituyó al ex fiscal Jorge Winckler, porque no son temas de su competencia.
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En su comparecencia en el Senado, Sánchez Cordero dijo que la prohibición a la reelección es y seguirá vigente, al manifestar que suscribe todo el posicionamiento de la priista Beatriz Paredes, quien acusó que el gazapo de Baja California viola la Constitución y es grave porque tiene un tufo separatista con un “gobernadorcito que puede creerse un pequeño presidente”.
La secretaria respondió a la primera ronda de preguntas de siete senadores de Morena, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano que cuestionaron el papel de la Segob en la política migratoria, frente a la actuación de Cancillería, la situación en Baja California, la gobernabilidad en Veracruz, la relación con las iglesias y el riesgo en el ejercicio periodístico, entre otros asuntos.
Desde tribuna, Beatriz Paredes dijo que lo sucedido en Baja Cailfornia es un gazapo más grave de lo que parece, porque fue una de las últimas regiones del país en constituirse como estado, es frontera y tan sólo Tijuana es uno de los centros económicos y urbanos más relevantes de México.
Recordó que el diputado Porfirio Muñoz Ledo ya advirtió que en el tema de Baja California hay un tufo de separatismo.
“Cuidado, si esa legislatura irresponsable y corrupta se atreve a hacer estos ejercicios de clara violación constitucional, no vayamos a incurrir en permitir las tentaciones de propósitos separatistas, con un gobernadorcito que puede creerse un pequeño presidente”.
Paredes Rangel aseguró que el atrevimiento de Bonilla parece ilimitado, con la consulta que pretende lanzar.
“Estamos entrando en un terreno peligroso para toda la federación. Se puede proponer la prolongación del mandato, después algún otro estado de la República propondrá la reelección inmediata, y a partir de estos intentos reeleccionistas, podemos cambiar la naturaleza de la democracia mexicana y del pacto federal”, aseguró.
La ex dirigente nacional del PRI destacó que una de las funciones principales de la Segob es la interlocución democrática con las entidades federativas y municipios, pero también garantizar la vigencia del respeto a la legislación en todo el país.
“Le exijo a la secretaria de Gobernación que el ministerio del interior actúe de conformidad. Hay una alerta y Baja California es demasiado importante para México y tiene condiciones excepcionales que ponen en riesgo que un gobernante, evidentemente frívolo, pueda cumplir sus caprichos”.
En su respuesta, Sánchez Cordero dijo que suscribe todo lo dicho por Paredes Rangel, pero que la Segob intervendrá porque a nadie le conviene en la federación.
Recordó que ya fijó su opinión personal, en contra de la reelección aun cuando se modificó para el caso del Congreso, pero “en el caso de los gobernadores, el jefe de gobierno y el presidente de la República la prohibición a la no reelección es y será absoluta”.
Recalcó que mantiene su postura de que la ley Bonilla es inconstitucional, pero no corresponde a la Secretaría de Gobernación entrometerse o interferir en las decisiones de los congresos de los estados, y habrá que esperar lo que decida el órgano constitucional de la Suprema Corte.
“Vámonos entendiendo. Si queremos vivir en un Estado de Derecho hay normas emitidas por todos los congresos, el federal y los locales, y hay que aguardar que el Poder que controla la regularidad constitucional decrete su inconstitucionalidad y su invalidez. No es la Secretaría de Gobernación que pueda, en el ámbito de sus atribuciones, decidir o declarar la inconstitucionalidad o entrometerse en los controles expedición de las normas realizadas por los congresos locales porque son autónomos”, respondió la funcionaria.
En el caso de Veracruz, la panista Diana Navarro cuestionó la remoción del fiscal Jorge Winkler y Sánchez Cordero respondió que se trata de una decisión del congreso local.
Por lo que toca a la relación con las iglesias, reafirmó el compromiso del gobierno con el estado laico y aseguró que se ha impulsado una estrategia nacional por el respeto y la tolerancia religiosa.
Luego, Sánchez Cordero insistió en que la Segob tiene el control de la política migratoria y no ha sido disminuida, sino que está más firme que nunca y ejerciendo sus facultades a plenitud.
Con información de Silvia Arellano.
OVM