La Secretaría de Hacienda dio a conocer la lista negra de 43 proveedores que se hicieron acreedores a 63 sanciones, inhabilitación y multas por 90 millones 713 mil 552 pesos, desde 2007 y vigentes en 2019, por afectar al sector salud con prácticas fraudulentas, que van desde incumplir contratos, proporcionar información falsa del producto, de su fabricación y de la fecha de entrega, hasta presentar documentación apócrifa y participar como interpósita, es decir, fuera de la ley.
La OCDE ha calificado de corruptas estas prácticas de la industria farmacéutica y de distribuidores debido a que México cuenta con reglamentos y leyes de adquisiciones “endebles”, donde resulta más barato pagar las multas por retraso, surtimiento adecuado de medicamentos, que cumplir con los contratos.
Autoridades del sector de la 4T reconocieron que la industria y los distribuidores incumplen con la intención de generar desabasto, encarecer el producto y propiciar compras de emergencia que resultan más de 35 por ciento más caras con respecto a los contratos firmados con precios fijos durante la licitación.
En el “Análisis de las empresas que han registrados ventas de medicamentos a gobierno en los últimos tres años”, el consultor Carlos Alberto Cano efectuó un desglose de las mil 713 empresas que le han vendido al gobierno federal y de los 43 proveedores y sus 63 sanciones, por afectar las finanzas y el abasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la mayoría de los casos, asimismo como del Instituto Nacional de Cancerología, y las secretarías de la Función Pública y de Salud.
El primer lugar en sanción lo ocupa Savi Distribuciones. Fue inhabilitada desde el 2 de marzo de 2015, con cuatro años y 11 meses, los cuales se cumplen en febrero de 2020, con un monto de 70 millones 99 mil 719 pesos por “simular el cumplimiento de requisitos de la convocatoria y presentar información no veraz” al IMSS.
También se encuentra Distromed SA de CV, empresa sancionada en cuatro ocasiones, desde 2014 hasta 2017 con inhabilitación y una sanción global por 2 millones 273 mil 149.50 pesos por “falsedad y actuar con dolo al entregar bienes distintos a los convenidos en los contratos” de material de curación y bienes terapéuticos al Seguro Social.
Le sigue Laboratorios Farmadem, multada con 1 millón 137 mil 708 en octubre de 2013 y cuya inhabilitación terminó en 2017 por “declarar con falsedad y actuar con mala fe” para afectar las finanzas del IMSS, propiciando compras de emergencia de medicamentos e insumos, servicios.
Otro caso es el de Humberto Reyes Báez, persona física sancionada en cinco ocasiones, con 2 millones 803 mil 746, por presentar registros sanitarios y documentación falsas.
La sanción reciente fue para Dimexpress S de RL de CV en junio de 2019, con una inhabilitación de seis meses, una multa de 226 mil 424, por proporcionar al IMSS “información falsa” de arrendamientos y servicios del sector público.
MEXICANAS, CON CONTRATOS POR 2 MIL MDP
La industria farmacéutica establecida en México obtuvo contratos por 2 mil 887 millones 43 mil 487 pesos, por un total de 284 claves de medicamentos, insumos, equipos terapéuticos en una licitación internacional en la que participaron un total de 20 países. Le siguió Italia, que compitió por cuatro claves con los que obtuvo convenios por 335 millones 505 mil 228.18 pesos e India logró tres claves por 138 millones 187 mil 956.43 pesos.
El consultor Carlos Cano detalló que el gobierno federal concursó por mil 49 claves, de las cuales mil 19 estuvieron bajo la modalidad de Precios Máximos de Referencia (PMR) y de éstas solo se adjudicaron 347, es decir, quedaron desiertas 64 por ciento. Las otras 30 claves adjudicadas se licitaron bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD).
En el caso relativo a las 347 claves ligadas a la modalidad PMR, se firmaron contratos por 3 mil 861 millones, por lo que se obtuvo 13 por ciento de ahorro respecto a los PMR establecidos sobre los montos establecidos en el sexenio pasado, de noviembre de 2018 a mayo de 2019 y las 30 claves adjudicadas por OSD tuvo un valor total de mil 876, un ahorro de 17.9 por ciento.
Del total de las más de mil claves, incluyendo las 672 declaradas desiertas, detalló Cano, un total de 262 tienen contratos vigentes desde la pasada compra consolidada, de noviembre de 2018 a mayo de 2019; 393 no recibieron propuestas económicas y 411 fueron claves nuevas.
Las 411 claves que no obtuvieron propuestas económicas ni oferentes, de acuerdo con el estudio de mercado en los mil 327 millones de pesos disponibles, obligará al gobierno federal a recurrir a las adjudicaciones directas, cuyos precios serán entre 30 y 60 por ciento más altos, aseguró Cano.
La resistencia de la industria por ofertar más barato respecto al PMR obligará al gobierno federal a reconocer contratos firmados, en la pasada administración.
Y ADEMÁS
OTRO CASO
La Corporación Armo SA de CV “no entregó bienes adjudicados” al Instituto Nacional de Cancerología motivo por el cual le fue rescindido el pedido de dispositivos médicos oncológicos y se le sancionó con 86 mil 190 pesos.