En medio de la crisis migratoria en las fronteras, Save The Children instó al gobierno mexicano a dar una respuesta al plan de deportación y control de migrantes venezolanos de Estados Unidos, el cual busca reducir el número de personas que ingresan a ese país de forma irregular. Advirtió que la puesta de este proyecto puede “violar los derechos humanos y tratados internacionales en materia de protección de refugiados”.
La organización exigió al gobierno federal otorgar un estatus migratorio regular a cada una de las personas deportadas para que puedan encontrar trabajo, fortalecer las organizaciones de respuesta humanitaria que brindan albergues y espacios dignos para los migrantes, así como proporcionar apoyo psicosocial, médico, legal, entre otros.
Solicitó, además, llevar a cabo acciones legales contra los funcionarios públicos que busquen extorsionar a los migrantes y se asegure la coordinación y eficacia de las distintas comisiones e institutos encargadas de preservar los derechos humanos de los niños y niñas víctimas de la crisis humanitaria.
La medida de control migratorio indica que las personas venezolanas sóplo podrán ingresar y permanecer en Estados Unidos dos años, siempre y cuando respeten las mismas reglas del programa que recibe a ucranianos que huyen de la guerra en Europa. Además, deberán ser patrocinadas por otra persona u organismo quienes se harán cargo de su manutención lo que dure su estadía.
Por otro lado, no serán elegibles quienes hayan sido expulsados de Estados Unidos en los últimos cinco años, hayan entrado al país por zonas ubicadas entre los puertos de ingreso o hayan entrado a México o Panamá después de la publicación de la medida regulatoria.
De acuerdo con la organización, dicha medida no resuelve la crisis humanitaria que ocurre en las fronteras de los países. Estados Unidos contemplaba la llegada de 24 mil migrantes venezolanos; sin embargo, tan solo entre enero y agosto se estima que han ingresado de forma irregular a México 25 mil 486 personas de origen venezolano y otros 23 mil 614 se encuentran con estatus migratorio temporal o permanente.
El organismo indicó que las consecuencias de la medida migratoria ya son visibles. El 12 de octubre, anunció, decenas de personas de origen venezolano fueron deportadas a México y recibidas por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les advirtieron que tenían 15 días para abandonar el país.
Al mismo tiempo, en Tapachula, Chiapas, una caravana de más de mil migrantes partió con dirección a Estados Unidos, pese al anuncio de las autoridades mexicanas.
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José Lugo, coordinador de Incidencia Política para la Protección de la Niñez, explicó que es necesario que el gobierno de México revise su política de cooperación con Estados Unidos, ya que aceptar dicha medida pone en riesgo la seguridad humana de las personas migrantes y puede derivar en mayores crisis humanitarias.
“Medidas como estas han sido las causantes de diversas crisis en materia de derechos humanos, toda vez que no se realiza una evaluación de necesidades ni se consideran medidas de protección para las personas afectadas. Las políticas que se toman e implementan de la noche a la mañana arrebatan a las personas su oportunidad de prepararse, las deja a la deriva”, indicó.
LP