La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo una reforma que discriminaba a niñas, niños y adolescentes, ya que les impedía participar en el Parlamento de Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, foro que únicamente daba voz los mayores de 18 años para dar su punto de vista sobre las decisiones que les afectan.
Con ocho votos a favor y uno en contra, el Pleno avaló un proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahfl, quien propuso declarar fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que demandó invalidar el artículo 51 Quinquies, de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la mencionada entidad.
La togada dijo que el Estado tiene la obligación reforzada de garantizar la igualdad y no discriminación, eliminar barreras, modificar normas o prácticas que excluyan a las personas con discapacidad.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía comentó que la norma restringe totalmente la participación de los menores de edad en asuntos que pueden lesionarles de manera directa y relevante.
“Hablar de discapacidad sin incluir a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, es al mismo tiempo hablar de una realidad, desde mi punto de vista, incompleta. La participación no es un privilegio que inicia con la mayoría de edad, es un derecho humano y cuando las decisiones públicas influyen en la vida de la niñez y la adolescencia su voz no puede ser, digamos, opcional ni sustituible”, expresó.
El togado puntualizó que las personas con discapacidad no enfrentan las mismas dificultades en todas las etapas de su vida.
“Las vivencias en la escuela, en el sistema de salud, en el espacio público o en el entorno de cuidados son profundamente distintas en la infancia y en la adolescencia. Si el Parlamento para la Inclusión de Personas con Discapacidad analizado escucha solo a personas adultas, el análisis será necesariamente parcial. Prescindir de niñas, niños y adolescentes reproduce una lógica adultocéntrica que asume que otras personas pueden hablar por ellos. Además, la niñez y la adolescencia no son sinónimos de incapacidad”, añadió.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que en Quintana Roo hay 36 mil 700 niñas, niños y adolescentes que viven con alguna discapacidad, lo que representa 6.8 por ciento de su población.
Se opone
Al respecto, la ministra María Estela Ríos González se pronunció contra la propuesta, porque mencionó que la edad de 18 años opera como un estándar constitucional de capacidad política plena y si la propia Constitución fija ese parámetro para el ejercicio de derechos políticos formales, no puede considerarse arbitrario que el legislador local lo adopte como criterio para integrar un mecanismo institucional.
“Me parece que no tomar en cuenta la mayoría de 18 años implica no darles libertad a los niños para expresarse, sino atribuirles una responsabilidad que en la que debiera tomarse en cuenta su edad, su desarrollo evolutivo cognoscitivo y madurez, y es entonces relevar a los adultos que toman las decisiones de esa responsabilidad sopretexto de darles la libertad a los niños, niñas y adolescentes de participar en este tipo de actos.
“Me parece que debemos ser muy cuidadosos respecto a qué actos hay que atribuirles la libertad, porque la libertad conlleva también la responsabilidad y hacer responsables a los niños de decisiones o de cuestiones, porque probablemente conforme a su situación, a su edad y desarrollo evolutivo, cognocitivo y madurez, no están en posibilidad de asumir. Me parece que es en vez de darles una libertad es imponerles una carga innecesaria”, declaró.
SNGZ