La oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia, Gisela Morales, negó que los fideicomisos del Poder Judicial estén destinados a privilegios y subrayó que seis de los trece fondos que la Cámara de Diputados prevé extinguir están directamente vinculados con derechos de los trabajadores, principalmente pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.
En reunión de trabajo con la Comisión de Justicia en el Palacio de San Lázaro para exponer el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para 2024, la funcionaria advirtió:
“Esta afectación que ustedes han señalado a los fideicomisos que están asociados a los derechos de los trabajadores se vinculan fundamentalmente con la opción de que ellos, cumpliendo con los requisitos para poder acceder a los apoyos de esos fideicomisos, pues puedan hacerlo en el largo plazo si se mantienen”.
Morales rechazó asimismo que los fideicomisos del Poder Judicial se hayan integrado con subejercicios de su presupuesto, en contravención a la ley.
Precisó que, solo en 2021, el Consejo de la Judicatura Federal transfirió 960 millones de pesos, por adecuaciones presupuestales, al fidecomiso destinado a la implementación de las reformas en materia de justicia aprobadas por el Congreso de la Unión.
Más aún, dijo, para 2022 se reintegraron 2 mil 895 millones de pesos por concepto de ahorros y economías a la Tesorería de la Federación.
Legisladores de Morena cuestionaron a la oficial mayor por las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha formulado al Poder Judicial en la fiscalización de los fideicomisos.
La oficial mayor del máximo tribunal señaló, sin embargo, que de las auditorías practicadas a los fideicomisos del Poder Judicial desde 2018 y años subsecuentes no hubo ninguna observación de ilegalidad, sino recomendaciones orientadas a mejorar y fortalecer la operación de dichos fondos.
“Sobre aquellos conceptos que se pueden, en su opinión, considerar privilegios y no derechos, nosotros podríamos decirles que tanto la compensación garantizada como la gratificación de fin de año y algunas otras, son conceptos que la propia Ley General de Remuneraciones considera como parte de las percepciones ordinarias y extraordinarias de todos los servidores públicos, de todos los poderes”, precisó al responder a las preguntas de los legisladores.
Sostuvo que todos los conceptos del capítulo de “Servicios Personales” en el Poder Judicial tiene respaldo normativo y fundamento legal.
A la reunión de la Comisión de Justicia asistieron también representantes del Tribunal Electoral, de la FGR, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la CNDH, entre otras instituciones del sector justicia, para presentar sus requerimientos presupuestales para el próximo año.
LG