A unas horas de que concluya la actual legislatura y tome protesta la entrante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión al gobernador Samuel García Sepúlveda que evita que los diputados de oposición lo sancionen por el juicio político promovido en su contra.
De acuerdo con el documento, dicha suspensión es precisamente para que los diputados del PAN y PRI no ejerzan la acción de separación del cargo o inhabilitación de Samuel García como mandatario estatal.
"No obstante procede conceder la suspensión única y exclusivamente para que no se ejecute ninguna determinación derivada del procedimiento del juicio político en cuestión en la que se decrete la separación del cargo al gobernador del estado o la inhabilitación para desempeñar tal función hasta en tanto esta suprema corte de justicia de la nación se pronuncia sobre el fondo del presente asunto", refirieron.
En ese sentido, la Corte aclaró que dicha suspensión no tiene la finalidad de impedir al Congreso local continuar con el trámite y desahogo del procedimiento correspondiente, pero reiteró que dicho recurso legal es para efectos de no acreditar la acción de inhabilitar o separar de su cargo a Samuel García.
"Es importante precisar y reiterar que los efectos de la suspensión no tienen como finalidad impedir que las autoridades respectivas continúen con el trámite y desahogo del procedimiento correspondiente, sino únicamente paralizar la ejecución de cualquier determinación encaminada a separar a dicho funcionario de su cargo o inhabilitarlo para tal función", añadieron.
Cabe recordar que este juicio político llevado en contra del gobernador fue por no haber presentado el Presupuesto de Egresos del año 2023, a lo cual, los diputados del PAN y PRI dieron inicio a un proceso de juicio político en su contra al considerar que dicha falta fue grave por afectar la administración de entes gubernamentales municipales, el propio Congreso y todos los organismos autónomos de la entidad.
Con esta suspensión, se detiene de nueva cuenta la presunta pretensión que tenían las bancadas mayoritarias de la actual legislatura para sancionar al mandatario estatal, de la cual nunca precisaron se ameritaba la separación de su cargo, la inhabilitación, u otro tipo de responsabilidad.
nrm