La Suprema Corte recibió formalmente la controversia constitucional que interpuso la mayoría del Consejo General para revertir los ‘superpoderes’ que el Poder Legislativo le dio a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, que consideran una invasión a la autonomía de la autoridad electoral y que va en contra de la Constitución.
La controversia de la que MILENIO tiene una copia, pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considere el interés legítimo de las y los consejeros, pues los cambios legislativos “se traducen en una afectación a la esfera de sus atribuciones”.
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Esto, porque las nuevas facultades que permiten a Guadalupe Taddei tomar decisiones, como la asignación de titulares de Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas sin considerar al Consejo General como se prevé en la Constitución, implica una afectación a la esencia de la colegialidad de la autoridad electoral.
En 131 páginas, las consejerías exponen que los cambios que aprobó por mayoría el Poder Legislativo mediante una ley secundaria referente a una reforma judicial y no electoral, es una invasión a la autonomía del INE.
“La clara invasión competencial que se ejerció por parte del Congreso de la Unión en perjuicio del INE, por la afectación al funcionamiento e integración de su máximo órgano de dirección, es decir, su Consejo General.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41 que el INE es un organismo autónomo, encargado de organizar las elecciones y garantizar la democracia en el país. Esta autonomía implica que su funcionamiento no debe estar sujeto a influencias externas, particularmente del Poder Legislativo o Ejecutivo”.
Exponen que si el poder de designación de direcciones reside en una sola persona “se corre el riesgo de que se imponga una visión o criterio que no refleje la pluralidad que se requiere”, lo que afecta la colegialidad que ha caracterizado al Instituto Nacional Electoral desde su creación.
“Los efectos de esta concentración de poder no son solamente normativos, sino que tienen consecuencias prácticas que pueden afectar la confianza pública en el sistema electoral. Un organismo percibido como dependiente de una figura central puede enfrentar cuestionamientos sobre su imparcialidad y legitimidad”, exponen.
Las consejerías pidieron que la Suprema Corte conceda la suspensión de estas normas, que implican una invasión a la esfera de competencias del INE, para “evitar mayores violaciones constitucionales en detrimento de la esfera competencial de este Instituto”.
Agregan que “las garantías institucionales, tratándose de los órganos constitucionales autónomos, representan un freno a cualquier poder que con sus actos puedan desconfigurar o desarticular la organización y/o funcionamiento”, por lo que piden que se evite la intención de la intervención del Poder Legislativo.
Esta controversia constitucional fue presentada por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez luego de que el pasado lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó intacto el acuerdo de la mayoría de consejerías, al desechar los intentos de Morena para frenar que acudieran a la Suprema Corte, por lo que la funcionaria debió acatar la instrucción del Consejo.
LP