La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la reforma a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que entró en vigor en agosto de este año y que redujo a 20 días las precampañas para gubernatura, diputaciones y ayuntamientos y para reunir respaldo ciudadano de aspirantes independientes.
Por mayoría de votos, el Pleno declaró inconstitucionales las modificaciones realizadas por el Congreso Local, entidad que es gobernada por Ricardo El Pollo Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El asunto llegó al máximo tribunal porque Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, acción legal a la que se sumó Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del Comité Nacional del Partido Político Nacional SOMOS, pero esta fue desechada por falta de legitimación activa.
María Estela Ríos González, ministra ponente, propuso declarar fundada la impugnación de Morena.
“La cuestión consiste en determinar si resulta constitucionalmente válida la decisión del legislador local de sujetar a una misma duración de 20 días las precampañas correspondientes a la elección de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, pese a las diferencias territoriales, organizativas y representativas que existen entre dichos cargos de elección popular".
“El proyecto concluye que la uniformidad temporal prevista en las fracciones una y dos del artículo 319 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no guarda correspondencia con las diferencias materiales existentes entre esos procesos de selección de candidaturas y, por tanto, resulta contraria al principio de razonabilidad que debe regir el ejercicio de la libertad de configuración legislativa en materia electoral. En consecuencia, se propone declarar la invalidez de las fracciones uno y 2 del artículo 319.”, expresó.
Afecta a aspirantes independientes
El ministro Arístides Guerrero García explicó que la reducción a 20 días afecta directamente a los aspirantes independientes, en un estado donde hay una población de alrededor de 2 millones 300 mil personas, según la lista nominal.
“Una persona que aspira a una candidatura independiente a la gubernatura representaría alrededor de 46 mil firmas, si consideramos el 2 por ciento que se establece como requisito. Si se considera que se reduce de 40 a 20 días, ello significaría que se tendrían que conseguir alrededor de 2 mil 300 firmas diariamente, cuando, previo a la reforma que se generó, se requerían alrededor de 1150 firmas. Es decir, la propuesta de reducción de tiempos para recopilación de firmas sí puede generar un obstáculo para aquellas personas que desean presentar una candidatura de manera independiente”, declaró.
Por su parte, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que la norma debió examinarse con un escrutinio estricto, porque restringe un derecho que la Constitución reconoce expresamente y porque quienes fijan estas restricciones son sus competidores naturales de las candidaturas independientes.
“Es decir, quienes establecieron esta norma son los legisladores que llegaron a través de una elección directa propuesta por los partidos políticos y establecen e imponen esta obligación a candidatos independientes”, añadió.
A su vez, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, comentó que antes de la reforma se previa para la gubernatura 40 días, en diputaciones 25 días, en Ayuntamiento 25 días.
"La inconstitucionalidad se finca en la homologación del plazo de 20 días".
“Se prevé el mismo plazo, cuando el territorio que el candidato va a abarcar son ámbitos espaciales distintos, no es lo mismo hacer precampaña en toda una entidad federativa que hacerla en un municipio o en un distrito electoral”, dijo.
En tanto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra.
“En mi opinión, esta Suprema Corte no puede ni debe agregar un requisito de naturaleza temporal que no se exige a nivel constitucional, precisamente porque los estados conservan libertad de configuración legislativa para graduar dentro de los límites aceptados constitucionalmente los periodos de precampaña, sean o no uniformes para los distintos cargos".
"Este tribunal Pleno tampoco tendría facultades para fijar cuáles tendrían que ser las diferencias temporales entre cada tipo de elección y ni siquiera podría saber qué sería lo más conveniente para cada entidad federativa”, enfatizó.
IYC
