La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales exhaustivas, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Express, por lo cual entregará los resultados de sus investigaciones a la PGR.
La CNDH emitió una recomendación a autoridades federales y estatales en la que sugiere imponer sanciones ejemplares para que casos como el socavón no vuelvan a ocurrir.
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El segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama López, dijo que la recomendación se emite luego de las investigaciones y pruebas periciales exhaustivas realizadas en el lugar, donde dos personas murieron el 12 julio de 2017, además de que que otras dos personas murieron antes y después de ese suceso: un motociclista, al ser golpeado por un cable de alta tensión suelto y un peatón al caer de un puente sin barandal.
“El socavón no fue un accidente, fue resultado de una cadena de ineptitudes de varias autoridades”, dijo en conferencia de prensa en la que dio a conocer la Recomendación 34/2018 sobre la construcción del libramiento de la Autopista México-Cuernavaca.
El documento que contiene 29 puntos recomendatorios es dirigido a instancias federales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como al gobierno de Morelos y el ayuntamiento de Cuernavaca.
"El imponer sanciones ejemplares es un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse. De otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente”, consideró el segundo visitador general.
Indicó que la Comisión hará llegar el resultado de sus investigaciones a la PGR, para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral de la carpeta de investigación que están integrando.
Además, con motivo de irregularidades y por la relación entre autoridad y empresas, solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso de manera integral y no dispersa.
En la recomendación se plantea a las autoridades responsables reparar el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a sus derechos humanos y publicar en su página web oficial por un periodo de un año.
Otra medida sugerida es generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren.
Así como colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.
Guadarrama López dijo también que tras investigaciones que indican la existencia de una "relación entre la autoridad y las empresas en un posible esquema de corrupción".
La comisión encontró que todos los contratos fueron modificados, mediante nueve convenios modificatorios, lo que implicó el incremento del 67.94 por ciento del monto inicial de pago.
Afirmó que el aumento entre las cantidades iniciales y las pagadas finalmente a tres de las cuatro empresas superó el 25 por ciento, por lo que debía solicitarse una autorización de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero la SCT no pidió tal autorización, "lo cual cuestiona su justificación y transparencia".
La CNDH determinó que la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.