El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) siguió las instrucciones del Presidente de la República y determinó trasladar a nuevas estrategias los recursos del fondo Proequidad, una iniciativa que desde 2002 financiaba proyectos de organizaciones de la sociedad civil a favor del adelanto de las mujeres.
No hubo solución ni intentos por frenar la desaparición del fondo Proequidad. El 15 de mayo la administración del Inmujeres, a cargo de Nadine Gasman Zylbermann, respondió al punto de acuerdo que presentaron diputadas para que la institución publicara la convocatoria por la cual se distribuyen los 86 millones de pesos del fondo a las organizaciones civiles.
El Inmujeres dijo que se alineó a las órdenes que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en su “circular número uno”, de no entregar recursos públicos a las organizaciones civiles. Por lo que “el espíritu del Programa Proequidad será trasladado a nuevas estrategias de colaboración”, sin explicar cuáles serán.
Además, el Inmujeres concluyó afirmando que Proequidad no era un programa presupuestario, que no tiene reglas de operación y tampoco se publica en el Diario Oficial de la Federación.
DAN ESPALDA A SOCIEDAD CIVIL
La respuesta causó indignación en el movimiento feminista y las propias consejas externas del Inmujeres, pues se trata de presupuesto ganado y un pacto que desde hace 12 años se tiene entre la instancia gubernamental y las organizaciones civiles a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
El fondo Proequidad nació en 2002 con el cometido de apoyar con financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil que cuenten con proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de las mexicanas.
Cada año, las organizaciones participaban en una convocatoria que publicaba el Inmujeres en marzo, de los proyectos presentados se elegían las iniciativas que consideraban de atención prioritaria.
Los proyectos incluían temas como promover el acceso a la justicia, a la igualdad, derechos humanos, la no discriminación de las mujeres y una vida libre de violencia. También buscaban fortalecer las capacidades de las mujeres en la economía, en la toma de decisiones y en la participación política.
En el último año de sus funciones del programa Proequidad, 2018, según su informe, benefició a 172 organizaciones civiles de diversas entidades federativas como Nuevo León, Yucatán, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Tamaulipas.
Entre 2002 y 2013, el Proequidad otorgó financiamiento a 383 organizaciones para la realización de 587 proyectos.
Terminar con estos apoyos no solo reduce las posibilidades para que las mujeres accedan a estas iniciativas, también deriva en violaciones a leyes nacionales como la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y los compromisos que el Estado tiene con organismos internacionales.
Como la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo señaló en un pronunciamiento ante la inminente desaparición del Proequidad, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) recomendó en 2018 al Estado mexicano asignar recursos para garantizar los derechos de las mujeres y fortalecer la participación de las organizaciones de mujeres en el diseño y seguimiento de la implementación de políticas de igualdad de género.
Asimismo, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se determina que los recursos para la igualdad no se pueden reducir, pues contrario a lo que afirma el Inmujeres el presupuesto del Proequidad sí está etiquetado.
Si se revisa el Presupuesto de Egresos de Federación 2019, en el anexo para la igualdad de género, existe el Ramo 47 destinado a las “entidades no sectorizadas”, donde se ubica el programa presupuestario “P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres”.
Ahí, se asignaron 424 millones 949 mil 154 pesos, de esta cantidad 338 millones 582 mil 750 pesos deben ser para “Incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal” y 86 millones 366 mil 404 pesos para “Apoyar proyectos con perspectiva de género realizados por organizaciones de la sociedad civil”, que sería el Proequidad.