Tanto el Congreso Local como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) deben acatar la sentencia emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del Ciudadano (JDC) bajo expediente TEEH-JDC-093-2021, del pasado tres de junio, sentenció la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado (TEEH), Rosa Amparo Martínez Lechuga.
Lo anterior al resolver el incidente de incumplimiento de sentencia presentado por la ciudadana Estefanía Rodríguez Cruz, en el cual señaló que ninguno de estos actores cumplió con la emisión de la reglamentación para garantizar la participación de personas con discapacidad en las campañas electorales del proceso electoral 2021-2022 para renovar la gubernatura de la entidad, pues debía presentarse 90 días antes de que inicie el mismo y las actividades proselitistas inician el próximo tres de abril.
Martínez Lechuga informó que el Legislativo estatal alegó insuficiencia presupuestal para llevar a cabo las consultas necesarias para desahogar este tema, pues desde junio de 2021 solicitaron una ampliación presupuestal para ejecutar estas acciones, la cual no se aprobó; pese a esto, en este 2022 se realizó la misma solicitud y se informó a la Presidencia de la Junta de Gobierno su procedencia, por lo cual se pueden llevar a cabo estas acciones para cumplir con la sentencia y la emisión de la reforma electoral ordenada antes de que inicien las campañas electorales el próximo tres de abril, “el Congreso Local informó a este tribunal que si bien el proceso electoral ordinario 2021-2022 comenzó desde el 15 de diciembre, y la etapa de campaña inicia el próximo tres de abril, están en tiempo y forma para aprobar dichos lineamientos y que se apliquen en este proceso electoral”, señaló.
Por ello, la magistrada presidenta declaró que la sentencia está en “vía de ser cumplimentada en sus términos”, y mandató al Congreso Local, así como al IEEH, que informen de las acciones emitidas una vez realizadas las acciones para cumplir con la garantía de los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad, “pues aunque se considera que el incumplimiento atendió a cuestiones presupuestales, no es justificación válida, es un escenario que imposibilitó la materialización de la misma, pero sin eximir a las autoridades para materializar esta sentencia en su totalidad”.