Los cientos de juicios promovidos contra la entrada en vigor de las nuevas reglas de operación de las estancias infantiles están condenados a fracasar, porque la mayoría han sido sobreseídos, es decir, les pusieron fin sin haber estudiado a fondo los casos debido a que los quejosos no acreditaron la afectación a su esfera jurídica.
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Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, entregó un escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se desistió de su petición de que se ejerciera la facultad de atracción de 52 expedientes radicados en juzgados y tribunales colegiados de diversas regiones del país.
Lo anterior consta en el acuerdo notificado el 30 de enero pasado, firmado por el ministro presidente Arturo Zaldívar como parte de la solicitud de reasunción de competencia 347/2019. En el documento se da cuenta que López Obrador dio marcha atrás a su petición el pasado 7 de noviembre.
A escala nacional son contados los amparos otorgados por jueces que ordenaron a la Secretaría de Bienestar realizar las adecuaciones presupuestarias para cubrir el monto del programa en la forma en que se venía haciendo conforme a las Reglas de Operación 2018: 950 pesos por niño inscrito al 31 de diciembre del mismo año.
Los amparos se concedieron a unas cuantas madres y estancias de Chihuahua y de la Ciudad de México, por citar algunos casos. Sin embargo, ninguno está firme, es decir, no ha causado ejecutoria porque se encuentran en revisión en tribunales colegiados.
En la misma situación están los juicios sobreseídos; en cuestión de tiempo las resoluciones serán confirmadas, aunque algunos buscarán llevar los asuntos a la Corte.
En enero del presente año, por citar un ejemplo, Diego Alejandro Ramírez Velázquez, juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Ciudad de México, que ha sobreseído decenas de amparos, enfatizó en una de sus resoluciones:
“Dicho en otras palabras, si lo que la parte quejosa pretendía acreditar es que el gobierno federal debió optar por una política pública distinta que incluyera un aumento al presupuesto en ese rubro o, al menos, que no disminuyeran los recursos, estaba obligada a probar su dicho con alguna de las pruebas permitidas por ley, ya que su sola manifestación no es suficiente para derribar la presunción de validez de la norma, ni la deferencia a la libertad configurativa del legislador.
“Sobre todo, porque en materia presupuestaria el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados son quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derechos sociales”, detalla su fallo.
INFORMES
Quien se encargó del tema de las estancias infantiles en los primeros meses del actual gobierno, Clara Torres, aseguró que cerró la mitad aproximadamente y se perdieron empleos.
Esto después de que se determinó entregar de manera directa los recursos a los padres de familia para pagar los servicios de cuidado de sus hijos, en lugar de “triangularlos” con organizaciones de la sociedad civil.
Según el cierre preliminar al 31 de diciembre de 2019, la Secretaría del Bienestar informó que su padrón de beneficiarios asciende a 149 mil 314, en un programa que pasó de 4 mil millones de pesos en 2018 a 2 mil millones el año pasado.
En el informe de Finanzas Públicas 2019 sostiene que “el programa tuvo modificaciones sustanciales en sus modalidades, actividades y mecánica operativa”, y que los indicadores registrados para el ejercicio fiscal no dan cuenta de las especificidades de los cambios realizados, pero se ejercieron mil 941 millones de pesos en apoyos directos.
La radiografía de Cruzada por el Rescate de la Niñez, con datos de 13 entidades, señala que 44 por ciento de las estancias cerró, mil 457 de 3 mil 294.
EDUCAR CONTRA LA VIOLENCIA… PERO SIN SUBSIDIO
Emmanuel nació prematuro, pero en la estancia La Casita de los Pequeños, bajo la supervisión del DIF y del Centro de Fomento para la Inclusión, aprendió a comer solo, a dar sus primeros pasos, a hablar...
Sin embargo, desde hace un año el subsidio de 800 pesos mensuales destinado a su cuidado ya no es en su beneficio, sino en el de su padrastro, de acuerdo con Alejandra Lobato Cervantes, responsable de la guardería.
“Cuando desapareció el Programa Estancias Infantiles dejaron de traer al pequeño, pero su madre, una adolescente, siguió recibiendo el subsidio del gobierno federal. Eran mil 600 pesos bimestrales, pero ese recurso no es para el menor, sino para el señor con el que su mamá se juntó y del que se encuentra embarazada”.
“La última vez que lo vimos estaba descuidado. No tenía el desarrollo que ya habíamos logrado en cuanto a crecimiento y habilidades motrices. Su abuela, preocupada, nos preguntó si podíamos quitarle ese subsidio (a la madre). Nosotros no podemos hacer eso, pero ese recurso debe ser para atender a un niño especial y no fue así”, contó.
Hace un año, La Casita de los Pequeños, ubicada en Cuautepec Barrio Alto, Gustavo A. Madero, zona de alta marginación y de violencia, atendía a 26 menores mediante el programa de apoyo a madres trabajadoras, pero tras su desaparición solo quedan cinco; estos niños pueden pagar en especie, llevar su comida y cuentan con becas, pero algunos siguen batallando para recibir apoyo.
“Una madre sola, que trabaja de noche, traía a su niño, pero no salió en la lista de beneficiarias, así que el menor se queda con la abuela que trabaja en una tienda y nos dice que le da de comer al niño lo que puede. Perdió su alimentación adecuada.
“La mandamos con las autoridades de la Secretaría del Bienestar y nunca sale en la lista. Los afectados son tres: la abuela, el niño y la mamá, que no puede recuperar el sueño durante la mañana.
“Ahora existe un gran temor de que el subsidio desaparezca. Las transferencias se dieron hasta diciembre. Llegaron las autoridades con los documentos y, a partir de ahí, les indicaron a los padres de familia que ya no habría subsidio. Tienen la preocupación de qué va a pasar”, abundó la educadora.
La Casita de los Pequeños es una opción para los padres de familia, pues la única escuela pública de la zona, que cuenta con más de 400 niños y solo 12 profesores, no tiene primer grado de preescolar por la alta demanda. Además, en esa estancia infantil se cuenta con un programa específico para romper con el entorno común de criminalidad.
“Estamos en una zona muy peligrosa, de alto riesgo, de alta vulnerabilidad e inseguridad. Es el límite entre Ciudad de México y Estado de México. Nosotros hemos querido marcar una diferencia.
“Inculcamos en los niños la idea de que no es normal caer en ese remolino que es la calle y que no deben copiar estilos de vida, como ser pirata, ladrón, ratero o asesino. Los niños deben aprender que podemos convivir, trabajar y vivir juntos en armonía y sana convivencia”, concluyó Lobato Cervantes.
Y ADEMÁS
PUBLICACIÓN DEL 28 DE FEBRERO DE 2019
El 28 de febrero del año pasado el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, con las que los recursos se entregan de manera directa y no a través de organizaciones civiles.