El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, informó que se presentaron 53 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) de ex servidores públicos presuntamente involucrados en las irregularidades detectadas en el organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Senado, como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal advirtió que no se permitirá que haya fraude abuso ni que se desvíen recursos para otros fines.
“Podemos compartirles que hemos llevado expedientes de 53 ex servidores públicos presuntamente involucrados en denuncias ante este ilícito, 29 de los cuales son ex servidores y servidores públicos y 24 son proveedores. También hemos llevado a cabo investigación, hemos presentado los expedientes de 29 servidores públicos que trabajaban en Segalmex, uno de ellos es un titular de la Unidad de Administración y Finanzas, tres son directores, 10 son gerentes, 3 son subdirectores y personal operativo 12 de ellos”, explicó.
Por ello, pidió a las autoridades correspondientes acelerar este proceso, porque “sentimos que es lento” y que estas personas paguen por estos ilícitos.
“Este total de 53 son ya expedientes propuestos y llevados a cabo por nosotros lo que hemos pedido y hecho recientemente es que sentimos que este proceso es lento y queremos que las autoridades correspondientes nos permitan concluir con estas personas que han cometido estos ilícitos paguen por estos ilícitos”, destacó.
En la sesión de preguntas y respuestas la panista Xóchitl Gálvez exigió que se aplique la ley y se castigue a los responsables en el desvío millonario en Segalmex.
“Hoy, Segalmex es La Estafa Maestra de la 4T, el primer director de Segalmex, Ignacio Ovalle fue un distinguido priista; parece que este personaje resultó todo un bandido. Qué tranquilidad que diga el Presidente que ya se recuperó el dinero, ¡bola de bandidos! Señor secretario estamos hablando de un monto total de 9 mil 500 millones de pesos. Pero, robarle a los pobres, es no temer madre, basta de tanta corrupción. Investiguen, castiguen, metan a la cárcel a los corruptos, ustedes lo prometieron”.
La oposición en el Senado criticó el otorgamiento de la Licencia Única Universal a las empresas productoras y distribuidoras -que firmaron el 3 de octubre pasado con el gobierno federal el Acuerdo Complementario al Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC)-, que las exime de todo trámite o permiso para importar y distribuir alimentos, incluidos los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), porque la medida afectará a los productores nacionales y, posiblemente la imagen del país como gran exportador de mercancías.
Sin embargo, el titular de Agricultura rechazó que la dependencia a su cargo y el Senasica, estén abandonando su responsabilidad de proteger la sanidad agropecuaria y la salud de la población.
En su intervención el senador del PRD, Antonio García Conejo, recordó que este jueves entraron en vigor las medidas de eliminación de aranceles para la importación de alimentos, así como las facilidades en temas fitosanitarios y de inocuidad.
Señaló que, con el otorgamiento de esta Licencia Única Universal los más afectados serán los productores nacionales.
“¿Cómo es que los inscritos en el padrón de importadores cumplirán los protocolos sanitarios que salvaguardan a México? Y si ¿esto pondría en riesgo?, desde mi punto de vista, sí, ¿pone en grave riesgo nuestro reconocimiento a nivel internacional? ¿Por qué no mejor dan incentivos?, en lugar de darles todas las facilidades a estas empresas que, bajo protesta de decir verdad, se va a prestar a la importación de alimentos, sí, pero va a perjudicar severamente a los productores nacionales”, señaló.
La senadora del PRI y ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Beatriz Paredes, también cuestionó que el gobierno les dé un “trato preferencial” a estas empresas con el supuesto propósito de reducir la inflación en el país.
“Esta decisión no ponga en riesgo al conjunto, si pone en riesgo al conjunto, de hecho, el diseño inicial se pone en crisis. ¿Por qué creemos que pone en riesgo al conjunto?, por el tema fitosanitario y zoosanitario. Necesitamos tener la certidumbre de que las importaciones que se realicen correspondan a los parámetros exigibles, no sólo por México, sino en cualquier espacio en donde concursen nuestros productos en el exterior”, comentó.
El titular de la Secretaría de Agricultura defendió esta decisión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recordó que toda economía mundial “experimenta este proceso inflacionario tanto en economías avanzadas, como aquellas en desarrollo”.
Sostuvo que el entorno internacional ha distado mucho de mejorar y el gobierno federal nuevamente con el apoyo del sector privado redobló el esfuerzo para reducir en 8 por ciento el precio de la canasta básica en un periodo de seis meses, es decir, de mil 130 pesos a 1040 mediante la flexibilización de la importación de los productos que la contienen.
Recordó que la idea es incrementar la oferta de alimentos, por lo que se otorga a las empresas importadoras de productos de la canasta básica una Licencia Única Universal, para facilitar la importación y distribución de alimentos e insumos y así contener su esfuerzo inflacionario.
“Además de recordar que la medida es temporal y limitada, hay que aclarar que ni la Sader ni el Senesica están abandonando su responsabilidad de proteger la sanidad agropecuaria y la salud de la población. En este sentido hemos dispuesto lo necesario para que las empresas inscritas en el padrón cumplan con los requisitos, que fortalezcamos las medidas de vigilancia y alerta en todo el territorio nacional”.
Dijo que esta medida es clave para entender el fondo del acuerdo, pues se les confía a estas empresas una corresponsabilidad de asegurar que las mercancías que comercien cumplan con las normas sanitarias, de inocuidad y de calidad.
También, estas empresas quedan exentas de las inspecciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del Impuesto General de Importación.
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