La secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó el Protocolo para la Atención y Gestión de la Protesta Pacífica a autoridades de las 32 entidades del país para que lo sigan durante las movilizaciones del próximo sábado en conmemoración del 8 de marzo.
El documento que fue presentado a los secretarios de gobierno de los estados a través de una videoconferencia pide garantizar la libre expresión, no criminalizar las protestas y “jamás” usar la fuerza pública para reprimir.
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A los funcionarios estatales se les pidió en la reunión implementarlo con seriedad y responsabilidad.
“Creemos firmemente que la clave para la atención de este tipo de eventos es la concertación, diálogo y más diálogo”, dijo en la reunión.
Entre las acciones están: atender demandas de los grupos; dialogar y ayudar a distender tensiones; establecer puntos de evacuación, y designar enlaces de seguimiento exclusivamente para periodistas.
Además, señala que se debe salvaguardar la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros.
Y dejó en claro que lo más importante es privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza y que se brinden garantías para que las mujeres puedan manifestarse.
Rodríguez comentó que el protocolo recoge las mejores prácticas en la materia, pero les pidió adaptarlo a las realidades locales de cada estado o municipio “para actuar desde una visión humanista”.
¿En que consiste el protocolo para las marchas del 8M?
El decálogo indica lo siguiente:
- México es un país de hombres y mujeres libres de manifestar sus ideas, reunirse y expresarse del modo que decidan.
- El gobierno de México respeta el derecho de todas las personas, especialmente cuando disienten o son minorías.
- El gobierno de México no discrimina ni criminaliza la protesta social.
- El gobierno de México garantiza la libertad de expresarnos, sin afectar los derechos de terceros ni promover la guerra, el odio o la violencia.
- Se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos siempre, especialmente, cuando hay tensiones entre la libertad de expresión y los derechos de terceros, incluso cuando sea legal usar la fuerza pública o las personas manifestantes no estén dispuestas a dialogar, siempre se debe privilegiar el diálogo, insistimos.
- El derecho de manifestación, expresión y reunión, en cuanto a derecho, no es condicionable, garantizando los derechos de terceros.
- Jamás se usará la fuerza pública para reprimir, agredir, o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica.
- El gobierno de México salvaguardará la integridad física, los bienes y la seguridad personal de las personas manifestantes y terceros.
- Se garantiza y respeta la labor de periodistas y comunicadores durante las manifestaciones, reuniones o cualquier forma de protesta social.
- Los protocolos, planes operativos y capacitaciones de los cuerpos de seguridad de México para atender la protesta social de las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, deben priorizar las acciones de prevención y el diálogo, para evitar las confrontaciones entre manifestantes y terceros.
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