Con al menos 700 mil elementos, las empresas de seguridad privada en México duplican hoy al personal del Ejército, Marina y Guardia Nacional (318 mil efectivos), pero a pesar de los riesgos que ello implica, el Congreso de la Unión incumplió desde el 23 de noviembre su obligación de expedir la ley general en la materia.
“Sobre los guardias que tenemos las empresas serias, las empresas que cumplen con la ley, sí tenemos control, pero no tenemos control sobre las empresas llamadas ‘patito’ que no están reguladas, que la autoridad las hace menos, pero no hace nada”, advirtió Mario Espinosa Boulogne, fundador de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
En entrevista con MILENIO, el también presidente de la organización Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (ASUME) subrayó la relevancia de los servicios privados de seguridad en áreas estratégicas como aeropuertos y traslado de dinero:
“Dejamos de ser los guardias que cuidábamos bodegas, estacionamientos y lugares intrascendentes, a los guardias que hoy manejan grandes empresas, aeropuertos y puertos, además del traslado de valores, el cash, el efectivo que se mueve todos los días en el país, que es surtido en cajeros automáticos por empresas de seguridad privada en las camionetas blindadas y tan solo eso lo hacen 120 mil gentes diariamente”.
Espinosa Boulogne señaló que los graves índices de inseguridad desde hace al menos tres sexenios detonaron el crecimiento de las empresas privadas de seguridad ante las carencias y desconfianza en las instituciones públicas.
“Hoy podemos decir que somos más de 700 mil personas que hacemos esas labores en el país y que sí somos mucho más grandes que la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales del país, y realmente lo que hoy buscamos es una ley que nos haga justicia”, puntualizó.
No obstante, alertó, la Dirección General de Seguridad Privada, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuenta con apenas treinta o cuarenta elementos para supervisar a 700 mil personas en 32 estados, “y, pues la verdad es imposible; no difícil, sino imposible”.
En contraste, según confirmó el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, en la conferencia matutina del 22 de septiembre en Palacio Nacional, las fuerzas federales conformadas por Ejército, Armada y Guardia Nacional suman 318 mil 289 efectivos.
Llaman a expedir ley en materia de seguridad privada
La directora general ejecutiva de la AMESP, Verónica Torres Landa, detalló el crecimiento de la demanda de servicios privados de seguridad y la expectativa de un mayor incremento en los próximos meses.
“Empezó la asociación con diez empresas en 2012 y hoy somos 145, y en los últimos dos años es cuando se ha tenido un incremento de 60 por ciento con respecto a las 44 que existían en ese momento. Hoy somos 145 empresas y esperemos llegar ya pronto a la 150”, dijo.
Por ello, tanto Mario Espinosa Boulogne como Verónica Torres Landa urgieron a diputados y senadores a expedir la ley general en materia de seguridad privada, derivada de la adición al artículo 73 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo.
De acuerdo con el decreto aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2020, y por el Senado el 11 de marzo de 2021, el Poder Legislativo debía expedir la ley general en materia de seguridad privada a más tardar 180 días después de la entrada en vigor de la reforma constitucional correspondiente.
El plazo venció el 23 de noviembre, pero la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, encabezada por la legisladora morenista Juanita Guerra, se mantiene en falta.
La reforma constitucional obliga a diputados y senadores a discutir y aprobar una ley general para establecer las reglas y definir a la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
Asimismo, se deben fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de la federación, estados y municipios, así como la coordinación de los prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre.
Seguridad, para quien pueda pagarla
El presidente de ASUME y fundador de la AMESP, Mario Espinosa Boulogne, admitió que el crecimiento de las empresas de seguridad privada hasta duplicar al personal de las instituciones públicas evidencia que la protección a la integridad de las personas y sus bienes se limita cada vez más a quienes pueden pagar por ello.
“Yo le contestaría que sí hay mexicanos de primera y de segunda, los que pueden pagar y los que no, pues se supone que la seguridad pública debe ser algo para todos y la seguridad privada restringida para situaciones en particular”, afirmó.
No obstante, indicó, las empresas privadas han suplido las carencias y deficiencias del sector público, y lo que necesitan ahora es regular y acordar con la Secretaría de Seguridad federal y las estatales cuáles son las facultades y las obligaciones de unos y de otros.
JLMR