Recursos por cerca de 300 millones de pesos del Fondo de Aportaciones en Seguridad Pública (Fasp) fueron subejercidos en Tamaulipas durante la pasada administración estatal, de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación.
El gobierno anterior inició su mandato en octubre de 2016 y tuvo en su ejercicio fiscal 2017 recursos no aplicados por 35 millones 015 mil pesos, cifra que debió devolverse a la Tesorería de la Federación.
En esa cuenta pública, la ASF también señaló que no se acreditó que los uniformes adquiridos se destinaran a funciones de seguridad pública y no se garantizaron las mejores condiciones para la adjudicación directa de un contrato, entre otras observaciones.
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Ese año, Tamaulipas tuvo un presupuesto de 265.7 millones de pesos para programas y acciones que permitieran combatir la inseguridad, equipar a elementos y mejorar su infraestructura.
En 2018, el subejercicio del FASP al 31 de diciembre de ese año fue por 119.2 millones de pesos, que representaron el 47.3% de su plan de gasto.
Se observó que 20 pantallas LCD de 49”, 100 pistolas calibre 9x19 mm, 99 carabinas, 8,150 cartuchos calibre .223”, seis cámaras marca Axis y dos gabinetes modelo 1453500 correspondientes al sistema de video vigilancia del estado asignados a la entonces Procuraduría de Justicia y al C4, se encontraron almacenados, sin ser distribuidas a las áreas correspondientes, entre otras observaciones.
Para el año 2019, se aprobaron del FASP a la entidad 208 millones 403 mil 600 pesos, de los cuales, al 31 de diciembre se habían pagado $79 millones 280 mil 900, que representaron el 38% de lo asignado, quedando pendientes $129.1 millones.
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Por lo anterior, según la ASF, “los recursos del fondo contribuyeron parcialmente al cumplimiento de los objetivos establecidos en la política pública, en virtud de que los indicadores y metas vinculadas con estos registran insuficiencias, principalmente en programas de desarrollo, profesionalización y certificación policial, así como tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial”.
En el ejercicio fiscal 2020, se autorizaron 221 millones 711 mil 800 pesos y al 31 de diciembre de ese año, $6 millones 625 mil 600 pesos no fueron comprometidos ni pagados, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación.
En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que generaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 19 millones 765 mil 500 pesos, que representó 15.4% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
“En conclusión, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no realizó una gestión razonable de los recursos del fondo”, expuso la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultados remitido a la Cámara de Diputados.
En 2021, de los 229 millones 206 mil 300 pesos autorizados, al cierre fiscal del año se habían comprometido y devengado 226 millones 791 mil pesos y pagado 152 millones 925 mil, por lo que se determinaron recursos no comprometidos por 2 millones 415 mil 300 pesos y no pagados por 482 mil 800 pesos.
SJHN