El pleno del Senado aprobó la Ley General de Comunicación Social que regulará la publicidad gubernamental con topes al gasto destinado a esa actividad, con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Aunque hubo más de 70 reservas en lo particular ninguna transitó y la minuta remitida por los diputados se aprobó en sus términos, para ser enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Con su aprobación, el Senado cumplió con el plazo que fijó la Suprema Corte al Congreso de la Unión para emitir antes del 30 de abril una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, en materia de propaganda gubernamental.
La nueva Ley de Comunicación Social otorga a la Secretaría de Gobernación y sus similares en los estados la atribución de regular y administrar el gasto en publicidad, a través de estrategias, programas y campañas anuales en la materia que deberán ser autorizadas por dichas dependencias.
La revisión y fiscalización de los recursos federales en materia de comunicación social se hará a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los medios interesados en participar en la contratación de campañas de comunicación social deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
Esta ley impide promover nombres, imágenes o voces de servidores públicos, difundir mensajes discriminatorios y sexistas, así como cualquier otro que incite a la violencia o contra el orden jurídico.
Luego de casi seis horas de discusión, el pleno aprobó en lo general con 60 votos a favor, 46 en contra y 1 abstención la minuta, tras lo cual la oposición registró reservas a 32 artículos, que fueron discutidas en la madrugada y desechadas.
Al iniciar el debate, el presidente Ernesto Cordero informó que al no haber acuerdo en las comisiones para emitir un dictamen, se votaría la minuta que remitieron los diputados, tal cual.
La independiente Martha Tagle propuso una moción suspensiva para regresar a comisiones la minuta y modificarla, pero perdió la votación.
En tribuna, senadores del PRI y PVEM avalaron el proyecto, al sostener el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos, que esta ley establece normas sobre el acceso a la información completa y acorde a la evolución de las tecnologías, nuevas formas de difusión y dinámicas de consumo en materia de comunicación social.
"Creemos que la ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna y veraz. Prevé el manejo transparente de los recursos públicos y establece reglas para fiscalizar el gasto en todos los poderes de los tres órdenes de gobierno y los entes públicos".
Los panistas Héctor Larios, Jorge Luis Preciado y Ernesto Ruffo, entre otros, así como los perredistas Angélica de la Peña y Luis Sánchez insistieron en que esta norma no se apega al mandato de la Suprema Corte que ordenó legislar una ley en materia de propaganda gubernamental.
A su vez, el independiente Alejandro Encinas y los senadores del bloque PT-Morena, Manuel Bartlett y Dolores Padierna, puntualizaron que se mantiene la concentración discrecional en la Secretaría de Gobernación y no responde a las exigencias de la sociedad civil.
A la 1 de la mañana con 35 minutos, Cordero Arroyo notificó que quedaba aprobada la Ley General de Comunicación Social. "Se remite al Ejecutivo federal para los efectos del artículo 72 constitucional, con atentos saludos a la Suprema Corte de Justicia".
VJCM