El pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, que garantizan una pensión no contributiva a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores de 65 años, así como un apoyo a productores, pescadores y campesinos.
Además, se eleva a rango constitucional el programa Sembrando Vida, así como los precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable
Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, recordó que el 5 de febrero a propuesta del ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador se propusieron reformas a la Constitución con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, la protección total a las personas con discapacidad permanente, garantizar el apoyo a los adultos mayores de 65 años y elevar a rango constitucional los precios de garantía para pequeños agricultores.
“¿Por qué es importante elevar a rango constitucional estos programas sociales?, para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables”, subrayó.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que este dictamen representa “un paso gigantesco” en la definición del tipo de Estado que se quiere construir.
“Un Estado donde los derechos de las personas, todas, pero especialmente aquellas que sufren carencias históricas, por fin se vean reivindicados y se vean garantizados a través de su inclusión en el máximo texto normativo”.
Mientras que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, consideró que con el voto por unanimidad de estas reformas, no sólo se está logrando un acuerdo político, “sino que se está legislando para beneficio de todo el pueblo”.
Algunos senadores de Morena cuestionaron a panistas del por qué ahora votarían a favor de apoyos sociales cuando en años anteriores no lo hicieron.
Desde su escaño, la senadora Nora Ruvalcaba preguntó a la panista María de Jesús Díaz Marmolejo: “en el año 2020, pese a la oposición del PAN, se elevó a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad y adultos mayores".
"Sin embargo, esta reforma fue las entidades federativas y Aguascalientes fue la única entidad que votó en contra de los programas, no conforme con ello, los gobiernos panistas se negaron a firmar el convenio para las personas con discapacidad de 30 a 64 años. ¿Que le ha hecho a su bancada cambiar de opinión respecto a los programas sociales”.
Díaz Marmolejo respondió: “No hemos cambiado de opinión, senadora, seguimos trabajando con los programas sociales, cosa que en Aguascalientes también, afectó mucho el seguro popular, pero gracias a los gobiernos del PAN regresó el seguro…".
"A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional reiteramos que nuestro voto será a favor en beneficio de nuestra sociedad en aras de tener una mejor calidad de vida y un pleno desarrollo”.
Así fue la discusión de la reforma en materia de bienestar
La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, aseguró que poner los programas de bienestar en la Constitución significa abonar a garantizar los derechos plenos para todas las personas.
“Yo asumo y a abrazo esta visión de un Estado de bienestar social, también democrático y de derechos, que ponga en el centro condiciones para que los seres humanos se puedan desarrollar plenamente”.
El priista Néstor Camarillo señaló que estas reformas dan certeza al bienestar de la población mexicana, además de que se garantiza a las personas adultas mayores mantener apoyos mediante pensiones universales.
“Imaginemos por un momento a nuestros abuelos y abuelas, a nuestras madres y padres y aquellos que han trabajado toda su vida y que nos han dado amor y enseñanzas, muchos de ellos han llegado a una etapa en la que deberían disfrutar de su edad con tranquilidad, sin preocuparse cómo conseguir lo necesario para vivir. En este sentido, con esta reforma estamos diciendo claramente: '¡Basta!' a esa preocupación”, destacó.
¿Qué buscan las reformas de bienestar?
De acuerdo con el dictamen, la Federación garantizará la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que vivan con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años.
Se menciona que el Estado deberá entregar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies procesadas.
Además de un apoyo anual directo y fertilizantes a productores de pequeña escala y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.
Se señala que el Estado deberá destinar recursos suficientes año con año para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 constitucional, relativo a las pensiones para los adultos mayores de 65 años y más y a las personas con discapacidad permanente. El monto de los recursos no podrá disminuir y también se garantiza el derecho a una vivienda digna.
La minuta se envió a los Congresos estatales para los efectos constitucionales que correspondan.
EHR