Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron un dictamen que modifica el contenido de la Ley de Amparo para quitar la facultad de los jueces para declarar la suspensión de una ley o reforma.
Los senadores de oposición acusaron que el dictamen a partir de una iniciativa presentada por el senador Ricardo Monreal que busca reformar los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, acota los derechos y limita las decisiones de los jueces.
- Te recomendamos Comisión del Senado avala iniciativa de amnistía; Ejecutivo podrá liberar delincuentes sin procedimiento Política
El senador Monreal aseguró que sus propuestas de reformas al amparo no son anticonstitucionales, y sólo están encaminadas para que los jueces y magistrados no se extralimiten en sus facultades.
“Lo único que se está haciendo es cumplir con la Constitución, cumplir con la tradición del principio de relatividad, porque ellos no pueden invadir nuestras facultades ni funciones”.
Justificó el contenido de la iniciativa al señalar que se busca que el Poder Judicial no invada facultades y funciones, porque no puede declarar para efectos generales una suspensión en el hecho de derogar prácticamente una ley con una sentencia de amparo, eso es invadir las facultades del Poder Legislativo.
Damián Zepeda, del PAN, dijo que esta iniciativa responde al enojo del Presidente por las decisiones de los jueces de invalidar obras.
“Quieren que no se les pueda parar una obra”, y se refirió a casos como la Ley de la Industria Eléctrica o el Tren Maya. De aprobarse, añadió, ya no se podría dar suspensión a través de la figura del amparo.
“¿Por qué esperar a que se le haga el daño a la gente, para eso es la suspensión. ¿Cómo se defiende un ciudadano de un gobierno abusivo?”, ejemplificó el panista.
A su vez, Germán Martínez acusó que este dictamen “es un choque de supremacía legislativa contra la supremacía constitucional”, mientras que la priista Claudia Anaya dijo que esta iniciativa busca restar derechos a los ciudadanos al acotar el juicio de amparo.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, acusó que la comisión de Justicia tiene 262 iniciativas y 34 minutas y se pretendía avalar de 'fast track' y presentar al pleno lo antes posible porque a Morena le urgía “dar al Presidente facultades metaconstitucionales”.
Diversos colegios de abogados solicitaron que se haga un parlamento abierto ante la preocupación que generó esta iniciativa y que Morena busca aprobar a la brevedad. Enviaron una carta a los integrantes de las Comisiones de Justicia y Estudios LegislativosSegunda para pedirles participar en la discusión.
Se tenía previsto que en sesión vespertina se presentara el dictamen de primera lectura, sin embargo, no se alcanzó el quórum debido al ausentismo de los legisladores.
¿Qué busca la reforma a la Ley de Amparo?
El documento presentado por el coordinador de los senadores de Morena, señala que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales, como una medida que permita garantizar el respeto irrestricto a la separación de poderes y fundamentalmente garantizar el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, asimismo, propone suprimir la facultad del órgano jurisdiccional de amparo en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social”.
Sin embargo, “en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los órganos jurisdiccionales federales han adoptado criterios que son contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo, y han concedido suspensiones con efectos generales en contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo. Aunque estos actos buscan proteger derechos de naturaleza colectiva, han sido criticados por su aplicación inconsistente y a veces arbitraria. Esto se debe a que la revisión de la constitucionalidad de las leyes por parte de la SCJN a menudo no concreta una violación real y directa de derechos fundamentales ni considera el impacto en el interés público y el orden social”.
IOG