Buscan ir contra las redes de pornografía infantil mediante una iniciativa ante el Senado para que el delito no prescriba y endurecer el castigo a quienes lo cometan.
La senadora tamaulipeca Guadalupe Covarrubias dijo que la producción y distribución de pornografía infantil es un problema que ha ido en aumento durante los últimos años debido a la enorme infraestructura que han brindado las plataformas digitales.
“Las ganancias de este negocio rondan en nuestro país los 34 mil millones de pesos anuales, según el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, siendo nuestra nación una de las principales productoras de estos terribles contenidos”.
Hay un subregistro
Señaló que en la investigación realizada para presentar esta iniciativa, pudo observar la problemática que se tiene en materia estadística, pues no es clara ni permite delimitar con certeza la magnitud de la situación.
“Si hacemos la comparativa de los casos atendidos por la antigua PGR y la actual Fiscalía, los cuales no suman más de 110 con los datos obtenidos por Unicef, que enlistan a México como uno de los principales productores de pornografía infantil, podemos darnos cuenta de un enorme subregistro o de las pocas posibilidades que tienen nuestras instituciones para perseguir, prevenir e investigar este tipo de delitos”.
Dijo que es su deber como legisladores dotar de las herramientas legales a las instituciones encargadas de la impartición de justicia para que logren prevenir y desmantelar esta red delictiva.
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“Planteo hacer imprescriptible el delito de producir y distribuir pornografía infantil en los términos del artículo 202 del Código Penal Federal, acción necesaria para desmantelar estas redes que llevan décadas operando en el país. Esto fomentará las denuncias de las víctimas y permitirá investigar delitos ocurridos con anterioridad”.
La propuesta...
Pasar la pena mínima y máxima actual que es de siete y 12 años respectivos, a 11 y 19 años.
“Enmarco un agravante para quienes organicen, patrocinen o financien la producción de pornografía infantil, además de quienes sean beneficiados económicamente por la explotación sexual de menores, dándoles un castigo de 16 a 29 años”.
Insistió que no se debe permitir que el abuso sea un modo de vida y mucho menos que genere ganancias millonarias a particulares.
“Las niñas, niños y adolescentes necesitan la protección de nuestro marco legal, necesitan tiempo para denunciar y saber que su denuncia no solo podrá poner a disposición de la autoridad a su abusador, sino a la red completa de delincuentes”.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis, con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género
CGCH