El presidente del Senado, Martí Batres, clausuró el periodo extraordinario e informó que la revocación de mandato no se discutirá en el Periodo Ordinario de Sesiones para avanzar en los consensos.
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Con 74 votos en favor y 29 abstenciones, el pleno del Senado aprobó en lo general expedir la Ley Federal de Austeridad Republicana, que sustentará una política administrativa para optimizar los recursos con que cuenta el gobierno.
El dictamen enviado a la Cámara de Diputados adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.
Con ello, el Senado busca aportar elementos técnicos que sustenten posibles ajustes al contenido de los marcos jurídicos por parte del Congreso, a fin de reducir riesgos, irregularidades y opacidad en la gestión financiera del sector gubernamental.
Con su aplicación, el gobierno obtendrá ahorros que no generarán impactos presupuestarios negativos porque se haría una reasignación de recursos a fin de mejorar la distribución y calidad del gasto; ahorros que derivarán de diversos rubros.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva.
También evita el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.
Tras la discusión en lo particular, que duró alrededor de cuatro horas, el pleno aprobó la reserva presentada por la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, para que en el artículo 17 establezca que los fideicomisos o mandatos sean aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El pleno avaló también una reserva al artículo 24 presentada por el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, para precisar que los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o de la que hayan tenido información “privilegiada” en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
Es decir, aumentó cinco años, respecto del dictamen original.
OVM