La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió respaldar el llamado Plan B de la reforma electoral al sostener que servirá para recortar gastos excesivos en congresos locales y ayuntamientos, y para reorientar esos recursos en beneficio de la población bajo un criterio de justicia social.
En entrevista con Paola Barquet para MILENIO Televisión, la legisladora señaló que todavía no está definido si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados o al Senado, por lo que dijo que primero deberán conocer el contenido final antes de discutirla a fondo.
Aun así, defendió desde ahora el eje político de la propuesta al insistir en que el país no puede seguir sosteniendo estructuras costosas en el ámbito municipal y estatal, sobre todo en casos donde existen plantillas amplias de regidores o congresos con presupuestos que, dijo, resultan desproporcionados.
“Tiene que haber justicia social. Yo creo que esto es lo importante y que los recursos económicos sirvan para satisfacer las necesidades del pueblo de México y que haya una orientación de los recursos económicos destinados a ellos (…) La presidenta de la República ha planteado algo que es fundamental y que celebramos porque se tienen que erradicar los gastos exorbitantes de los congresos federales y locales, así como de los ayuntamientos”, aseguró.
Castillo sostuvo que en algunos municipios hay más de 30 regidores y que no todos participan de manera efectiva en las tareas públicas, por lo que consideró necesario revisar tanto el tamaño de esas estructuras como los recursos que reciben.
“No es necesario que haya tantos recursos ni tantos regidores y además que hay una desproporción con relación a lo que incluso ganan que en algunos de los casos, lo que se ha señalado es que ganan hasta más de lo que gana la presidenta de la República”.
La senadora también mencionó diferencias en el costo de los congresos estatales y puso como ejemplo que en Baja California el gasto anual por legislador ronda 34 millones de pesos, mientras que en Colima es de 5 millones, por lo que consideró que debe buscarse un esquema más equilibrado entre entidades.
“Entonces tiene que ser algo justo y tiene que ser algo que tome en consideración un promedio, desde luego tomando en cuenta las características de cada una de las regiones”, explicó.
Frente a las dudas sobre si los congresos locales avalarían una reforma que les recortaría presupuesto, Castillo dejó abierta esa posibilidad al afirmar que la propuesta conecta con una exigencia social expresada durante la campaña presidencial y con la demanda de austeridad en el uso de recursos públicos.
“Ya lo veremos; también creemos que este es un reclamo popular que está relacionado con los compromisos de campaña que hizo la presidenta de la República”, dijo.
La presidenta del Senado cerró su defensa del proyecto con el argumento de que el ahorro público no debe entenderse sólo como una medida administrativa, sino como una vía para destinar más recursos a las necesidades de la población y reducir privilegios dentro de las estructuras políticas.