El Senado exhortó al Centro Nacional de Prevención de Desastres a actualizar los atlas de riesgo estatales y municipales, además de los protocolos de protección civil.
Precisaron que la prevención y atención a los desastres naturales no es una tarea exclusiva de la Federación.
Los senadores destacaron que tanto las entidades federativas como los municipios tienen obligación de realizar acciones encaminadas a salvaguardar a los ciudadanos.
El Atlas Nacional de Riesgos rige la política de prevención de desastres en el país que son derivados de fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-organizativos.
En las entidades federativas y los municipios debe existir un atlas que permita integrar y difundir los resultados de los análisis de peligro, vulnerabilidad o de riesgo.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, hasta 2016, sólo 13 estados tenían elaborado su atlas de riesgos. De igual forma, solamente 87 municipios del país habían cumplido con esa elaboración.
Un informe del jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) indica que México está entre los 10 países con mayores pérdidas económicas a causa de estos fenómenos.
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Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2017 se contabilizaron pérdidas materiales por 35 mil 500 millones de dólares debido a desastres naturales.
Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 dejaron como saldo 5 mil 180 viviendas con daño estructural o riesgo incierto en la Ciudad de México. El 75.3 por ciento se concentró en las delegaciones Cuauhtémoc, lztapalapa y Benito Juárez. Además, en 90 municipios de Chiapas se registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales.
Además, en Oaxaca se reportaron 63 mil 335 casos de daños a inmuebles distribuidos en 41 municipios.
Por todo anterior, el Senado hizo el llamado para actualizar los atlas de riesgo estatales y municipales, así como de los protocolos de protección civil a través de un punto de acuerdo dictaminado por la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal y aprobado por el Pleno en diciembre.
icc