El Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregó al Senado información según la cual se han identificado 9 mil empresas que facturan operaciones simuladas, realizando más de 8 millones de facturas falsas que suman 1.6 billones de pesos entre 2014 y 2018, con un daño al fisco equivalente al 1.4% del PIB nacional, por lo que el Senado tiene listo el proyecto de ley dictamen que se discutirá en septiembre para sancionar a esas empresas llamadas “fantasmas”.
En entrevista, el morenista y presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, informó que durante un encuentro la semana pasada con funcionarios de Hacienda la dependencia entregó esa información y se acordó con la Comisión de Justicia que será uno de los primeros asuntos a dictamina en septiembre con reformas en materia de justicia penal y fiscal.
Armenta precisó que van por los funcionarios que han impulsado ese fraude desde empresas como Pemex, la CFE y otras.
Armenta señaló que las bancadas de Morena, PES y el Partido del Trabajo se reunieron la semana pasada con funcionarios de la Procuraduría Fiscal para revisar el proyecto de iniciativa con la que se busca combatir a las empresas fantasmas.
“Estamos hablando de 1.6 millones de saqueo en obra simulada, en facturas falsas; un saqueo brutal porque estamos hablando de que con ello se podría comprar 300 tractores con todos los implementos agrícolas en los 2 mil 900 municipios del país y son inversiones que el gobierno tiene que recobrar”.
Destacó que se busca terminar con el saqueo fiscal, “estamos en el proceso de desmantelamiento del sistema corrupto que se legitimó en los tres órdenes de gobierno y la Comisión de Hacienda tiene que hacer su tarea.
Indicó que de esas 8 millones de facturas apócrifas o que respaldaban acciones simuladas, de 9 mil empresas fantasmas, tienen su origen en la corrupción de políticos que se hicieron delincuentes al permitir grandes embarques de las plataformas de Pemex, de las refinerías, etcétera.
Por ello, aunque sí se sancionará al sector privado, va contra los delincuentes “de cuello negro” porque se convertirá en delito grave para que se aplique prisión preventiva.
“Esta ley no es contra empresarios. Es contra quienes hicieron uso del recurso de las arcas públicas y son delincuentes fiscales y quienes han aprovechado cargos públicos, porque el 70% de estas más de 70% fueron ejecutadas con recursos públicos, con la complicidad de los funcionarios, por eso se conoce como huachicoleo fiscal”, acotó.
AE