El senador morenista José Ramón Enríquez presentó una iniciativa de ley para aumentar la pena máxima por feminicidio a hasta 90 años de prisión, en caso de que el delito sea cometido por dos o más personas, algún familiar directo o que cohabite con la víctima o por algún servidor público.
Planteó asimismo una adición al artículo 326 del Código Penal Federal para establecer que un servidor público sentenciado por feminicidio sería destituido del cargo o empleo o suspendido por cinco años para desempeñar el ejercicio de la profesión, además de la pena de cárcel.
La propuesta prevé aumentar hasta en una mitad las penas para el delito de feminicidio, actualmente establecidas entre 40 y 60 años de prisión, así como de 500 a mil días de multa.
Enríquez subrayó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña en que los hombres, lo cual se agrava cuando se utilizan medios para incrementar el dolor y prolongar el sufrimiento, además de conllevar la aplicación de la fuerza corporal para someter a las víctimas.
Dijo que la legislación penal no considera hoy agravantes contra los victimarios, como los deseos del feminicida, el parentesco con la víctima o el poder ejercido.
El legislador de Morena sostuvo que el mayor peligro para las mujeres se encuentra en sus propios hogares, al registrarse ahí uno de cada cinco feminicidios, los cuales son cometidos 40 por ciento de las ocasiones por la pareja de la víctima.
Por lo que respecta a los servidores públicos, Enríquez señaló que, como garantes de la ley, deben predicar con el ejemplo, por lo que dentro de la regulación vigente es necesario considerar una agravante para quienes no respeten el servicio público.
Advirtió que Brasil y México tienen el mayor número de casos en que la ausencia de justicia fue el común denominador en la comisión de un delito que no tiene fin.
JLMR