El ex presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, presentó una iniciativa para que el dos por ciento de las contrataciones, tanto del sector público como privado, se destine exclusivamente a personas con alguna discapacidad.
“Esta reforma debe ser un acto de reivindicación, de solidaridad. Con esta incorporación a nuestro marco jurídico, se estaría atendiendo una asignatura pendiente que tenemos con las personas que sufren alguna discapacidad”, afirmó.
En compañía de diferentes grupos de activistas, el senador de Morena dijo que esta reforma a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad busca garantizar una cuota laboral para uno de los sectores más vulnerables, ya que en México existen siete millones 787 mil personas en esta condición.
En conferencia de prensa, señaló que hay empresas socialmente responsables que ya contemplan dentro de su fuerza de trabajo algunas plazas para personas con discapacidades; sin embargo, es necesario hacer obligatoria dicha inclusión.
Explicó que el objetivo es proveer un contexto favorable, integral e incluyente a las personas con discapacidad, ya que de acuerdo el Inegi, del total de discapacitados en el país, la mitad son adultos mayores; el 45.9 por ciento son hombres y el 54.1 por ciento son mujeres.
Además, 52.7 por ciento tiene dificultad motriz en las piernas, lo que impide su desplazamiento de forma autónoma; 17.8 por ciento en sus extremidades superiores; el 39 por ciento tiene problemas visuales, aunque utilice anteojos; el 19 por ciento tiene padecimientos de concentración o aprendizaje; mientras que el 18.4 por ciento tiene alguna discapacidad auditiva.
El senador se comprometió a realizar los consensos para lograr esta reforma de ley y confió en que habrá sensibilidad y apertura de la iniciativa privada en el tema.
Al preguntarle sobre la promesa de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre crear un instituto para atender a personas con discapacidad, Eduardo Ramírez dijo que el gobierno ha avanzado al incluir programas sociales para este sector de la población en el artículo cuarto de la Constitución.
Agregó que su propuesta representa otro paso, mismo que debe acompañarse de otros ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad sean atendidas de forma integral.
Por otra parte, Ricardo Becerra, representante de la Red para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual, advirtió que para 2030, en México habrá cerca de 15 millones de personas con algún tipo de discapacidad, por lo que enfatizó la necesidad de contar con marcos legales que beneficien a dicho sector.
En tanto, la activista Yolanda Núñez afirmó que existen personas que cuentan con el conocimiento para poder desarrollar un trabajo de manera óptima, pese a sus discapacidades motrices o de algún otro tipo; además, reconoció que la iniciativa es un paso importante por lo que espera la sensibilidad de las y los legisladores.
JLMR