Claudia Anaya, senadora del PRI anunció que presentará una denuncia formal en contra del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por cometer una omisión arbitraria de información, ya que bajo juramento de decir verdad, dijo en una comparecencia ante el pleno del Senado en noviembre pasado, que “nadie decidió liberar a Ovidio Guzmán” durante el llamado “Culiacanazo”, aunque después precisó que el gabinete de Seguridad tomó la decisión del repliegue del personal “aún y cuando no fuese posible, en virtud de las circunstancias, de llevar detenido al perseguido”.
Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que él personalmente dio la orden de detener el operativo y de dejar en libertad inmediata al hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
En sus redes sociales, la priista difundió el video de la respuesta que el secretario de Seguridad dio a la pregunta expresa sobre la detención y posterior liberación de Ovidio Guzmán, ocurridas el 17 de octubre de 2019, en Culiacán,Sinaloa.
Por ello, adelantó que en ese espacio hizo la denuncia pública y posteriormente la formalizarán, aunque no dio más detalles.
“Nadie decidió liberar a Ovidio, nunca contamos con la orden de detención, porque, en el momento en que esta se plantea, a las instancias correspondientes empieza la movilización criminal en Culiacán y aquello se volvió prácticamente inmanejable y lo que nosotros hicimos fue, ordenar el retiro del personal que como se ha visto en diversos videos, que no hemos tenido jamás la intención de ocultar y con toda transparencia se hicieron del conocimiento público”, respondió Durazo.
Y agregó: “Así es que los integrantes del gabinete de Seguridad, mi almirante Ojeda, el general Sandoval y un servidor, tomamos la decisión de común acuerdo del repliegue de nuestro personal aún y cuando no fuese posible en virtud de las circunstancias de llevar detenido al perseguido”.
En otro mensaje, publicó tres apartados de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde el artículo 55 establece que “incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o, en general, que mejore sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento”.
Mientras que el artículo 56 precisa que “para efecto del artículo anterior, se considera información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año”.
También citó el artículo 57, donde se estable que “incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública o servidor público que ejerza atribuciones que n tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.
La senadora Anaya lamentó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana compareciera bajo protesta de decir verdad y le mintiera al Senado y a México.
ledz