Senadores de oposición y Grupo Plural se enfrentaron en el pleno con la mayoría de Morena luego de que solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, que interponga una controversia constitucional contra el acuerdo publicado el lunes que cataloga todas las obras de infraestructura del gobierno federal, como asuntos de interés público y de seguridad nacional.
Tras más de dos horas de discusión, Sánchez Cordero se comprometió a dar respuesta a la solicitud del Bloque de Contención y se realice el estudio jurídico correspondiente.
Los panistas tomaron la tribuna y en voz de su coordinador, Julem Rementería, solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva presentar una controversia constitucional.
“Sabe que lo que se está pidiendo primero, no es ilegal, y segundo, debería ser atendido, porque la vía para poder presentar una acción como la que pretende la controversia solamente recae en su persona, en usted, y está respaldada, no por el PAN, no por los que estamos hablando en este momento, son 52 legisladores de esta cámara, que están pidiendo ponerse frente a la Corte la posibilidad de que resuelvan sobre un acuerdo ilegal del Presidente de la República”, destacó.
El panista detalló lo que consideran ilegal en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes por la noche, “no puede en ningún caso él, acordar cosas más allá de lo que la ley establece en la facultad reglamentaria.
"La seguridad nacional se establece y define en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, las amenazas también se establecen en el artículo 3 y ninguna obra está contemplada como amenaza (…) todas las obras públicas pueden ser guardadas, porque así se establece a partir de considerarlas de seguridad nacional”.
A nombre de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, entregó la solicitud firmada por coordinadores de diferentes grupos parlamentarios, “este acuerdo se aparta gravemente y violenta nuestra Constitución Política nacional; es un atentado directo al principio de la división de poderes”.
Juan Manuel Fócil, del PRD, señaló desde su escaño: “coincidimos con otros Grupos Parlamentarios que es nuestra obligación mantener el orden constitucional, por ello acompañamos con la firma (…) Este acuerdo viola nuestro marco jurídico, le permite al gobierno federal pasar por encima de la ley y también violar los derechos humanos de ciudadanos y comunidades que por alguna razón tengan algún vínculo con estas obras, ya que no tendrán derecho a defender su patrimonio, su medio ambiente”.
La priista Claudia Anaya refirió: “si de verdad piensan que el decretazo es legal, permitan que pase a la Corte. No hacerlo es saber que las cosas no van bien y ser cómplices de la destrucción de la ley y del orden constitucional”.
Después subió a tribuna el morenista Alejandro Armenta, quien argumentó que la oposición ha recurrido a la corrupción y empresas fantasmas para hacer negocios en otros sexenios como en el caso de la Estela de Luz.
“El gobierno del presiente Andrés Manuel va a lograr con las seis refinerías, con Dos Bocas, y la que tenemos comprada en Estados Unidos lo que el PAN entregó y desmanteló la riqueza energética, por eso, tampoco podemos esperarnos a que se les ocurra hacer negocios inmobiliarios como hicieron con el negocio inmobiliario que disfrazaron de aeropuerto de la Ciudad de México”, subrayó.
Lucy Meza respaldó a su compañero de escaño al insistir que en los gobiernos del PRIAN no se concluyeron obras: “puentes sin terminar, clínicas, hospitales, carreteras, un buen de obras violentando la ley a todas luces. El Ejecutivo tiene la facultad constitucional y reglamentaria para emitir acuerdos y normatividad, en este caso se trata de un decreto acotado a proyectos estratégicos”.
El ex presidente del Senado, Eduardo Ramírez, advirtió que la mayoría no acompañarán la decisión de presentar la controversia. “Más aún, sino se autoriza, ustedes lo saben, tienen facultades, 33 por ciento de senadores para presentar una acción de inconstitucional, no tenemos porque dar un falso debate”.
Nuevamente subió Rementería a la tribuna para insistir que el acuerdo Presidencial es ilegal e inconstitucional.
La ex presidenta del Senado, Mónica Fernández, dijo que era inaceptable que se quieran hacer expresiones en contra de Sánchez Cordero, “repudiamos ese tipo de acciones y exigimos el respeto a la Mesa Directiva”.
Con un letrero donde se leía “Corrupto Bartlett”, la panista Xóchitl Galvez dijo a la mayoría: “por supuesto que los vamos a acompañar en los grandes proyectos, pero lo que no se vale es hacer un acuerdo tan amplio que no le pone límites al Poder Ejecutivo”.
JLMR