Por unanimidad, con 351 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a los poderes judiciales federal y de las entidades federativas a poner a disposición del público las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
Actualmente las leyes de transparencia obligan a poner a disposición de la ciudadanía sólo aquellas sentencias que sean consideradas “de interés público” y, dada la ambigüedad de ese concepto, el Poder Judicial se escuda en esta disposición para mantener la opacidad de su labor como juzgador, subraya el dictamen presentado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Entre las razones consideradas por la comisión para transparentar todas las sentencias destaca la necesidad de conocer las prácticas “discriminatorias y estereotipadas” de algunos jueces, que afectan sobre todo a las mujeres.
Al fundamentar en tribuna el dictamen, la diputada morenista Luz Estefanía Rosas subrayó que la transparencia en el Poder Judicial permitirá que medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía observen, monitoreen y controlen la actividad judicial, para así poner al descubierto la corrupción y reforzar las bases de justicia en nuestro país.
“Estamos convencidos que, ante el desprestigio que atraviesan las instituciones de administración y procuración de justicia, no debe haber espacio para la opacidad y mucho menos para la discrecionalidad”, puntualizó.
En su turno, la legisladora panista Gloria Romero remarcó que la actual opacidad de las sentencias debe ser considerada grave, debido a que la sociedad se encuentra limitada para evaluar el desempeño de los impartidores de justicia, cuya labor se encuentra fuera del escrutinio ciudadano.
“La reforma posibilitará a la sociedad evaluar a los impartidores de justicia a través de la rendición de cuentas, detectar advertencias discriminatorias o que no cumplan con la perspectiva de género; asimismo, contribuirá para la detección de actos de corrupción y se podrán generar indicadores y análisis que permitan evaluar el actuar de los juzgadores y mejorarlos”, dijo.
La priista Mariana Rodríguez precisó que la reforma de ninguna manera pretende entrometerse en las decisiones o en el actuar del Poder Judicial, sino, por el contrario, pretende fortalecer su andamiaje constitucional.
Sostuvo, sin embargo, que la transparencia de las sentencias contribuirá a detectar conductas contrarias a las reglas que deben prevalecer y con ello se podrán detectar y sancionar actos contrarios a la legislación.
Diputados cierran periodo extra sin discutir fideicomisos ni remuneraciones
La Cámara de Diputados clausuró esta noche su tercer periodo extraordinario de sesiones, sin abordar los temas de la extinción de fideicomisos, la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ni la creación del Instituto de las Finanzas Públicas de propio órgano legislativo.
En más de seis horas de sesión celebrada bajo estrictos protocolos sanitarios para reducir el riesgo de contagios de covid-19, el pleno cameral avaló la reforma a la Ley de Adquisiciones para la compra de medicamentos en el extranjero, las modificaciones a 86 leyes en materia de paridad de género y la enmienda en materia de transparencia para hacer públicas las sentencias del Poder Judicial.
Al declarar cerrados los trabajos del periodo extraordinario, la diputada presidenta Laura Rojas señaló que los temas no abordados por el pleno este miércoles serán discutidos en posteriores sesiones de la Cámara de Diputados.
Los diputados federales asistieron al recinto con cubrebocas y muchos de ellos también con caretas, mientras que las votaciones de los dictámenes se hicieron por bloques de 50 diputados cada uno para evitar concentraciones en el salón de plenos.
Previamente se aplicaron pruebas covid-19 a legisladores, asesores y personal, además de restringir el ingreso al Palacio Legislativo, el cual fue desinfectado ayer para la celebración del periodo extraordinario
jlmr