Las secretarías de Educación Pública, de Salud; el gobierno de la Ciudad de México; el IMSS, Conagua, la UNAM, la Lotería Nacional, Pemex transformación, entre otras, forman parte de los clientes de las 43 factureras que fueron acusadas por el gobierno federal por defraudación fiscal y lavado de dinero.
De acuerdo con un documento al que MILENIO tuvo acceso, donde se presentan las 3 mil 83 firmas que requirieron los servicios de las factureras, también figuran el club Atlante, Grupo Bimbo, Grupo Posadas, Monex, General Motors.
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, y el procurador fiscal, Carlos Romero, detallaron en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del martes 23 de junio, que los servicios de las factureras fueron con 8 mil 212 personas físicas y morales (5 mil 129 personas físicas y 3 mil 83 firmas) y ocurrieron en el año 2017, es decir, en la administración federal anterior.
Aclararon que las firmas clientes de las factureras tienen un plazo de tres meses para ponerse al corriente, de lo contrario, interpondrán querellas en su contra.
Para ello, Buenrostro indicó que enviarán cartas al buzón tributario de los contribuyentes invitándoles a que se regularicen, y aseguró que muchos participan mediante engaños y sin darse cuenta compran facturas a empresas involucradas con el crimen organizado.
"En caso de que no se regularice se tomarán otras acciones porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal", advirtió.
Entre las empresas que presentan los adeudos más onerosos están: Softtek Servicios y Teconología SA de CV de Nuevo León, con 2 mil 969 millones de pesos; Procter & Gamble México Inc., con mil 865 millones de pesos; Lovies SA de CV, con mil 652 millones, y Proaser Suministros SA de CV, las tres de Ciudad de México, con mil 491 millones de pesos.
Además, Soluciones Empresariales y Patrimoniales Dig SA de CV, de Torreón, con mil 351 millones de pesos, y Regtar SA de CV, de Guadalajara, con mil 98 millones de pesos.
Entre las dependencias públicas figuran: las secretarías de Educación Pública, con 40 millones 291 mil, y de Salud, con un millón 140 mil pesos. También Pemex Transformación, con un millón 30 mil pesos; el IMSS, con 734 mil pesos; Conagua, con 699 mil pesos, y la Lotería Nacional, con 2 millones 889 mil pesos.
El gobierno de la Ciudad de México presenta un monto de 29 millones 324 mil pesos; la UNAM, con 3 millones 717 mil pesos; el INAI con, 50 mil 616 pesos; Talleres Gráficos de México, con 776 mil pesos y Caminos y Puentes Federales, con 3 millones 270 mil de pesos.
De las firmas resaltan: el club Atlante, con 147 mil pesos; General Motors de México, con 7 millones 894 mil pesos; Unilever de México, con 15 millones 908 mil pesos; Grupo Parisina, con 33 millones 849 mil pesos; Sony Mobile, con 43 millones 659 mil pesos; Lux Inteligencia, con 77 millones 262 mil pesos y Modatelas, con 124 millones de pesos.
Otras 100
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó otras 100 presuntas factureras, luego de detectar que los contribuyentes señalados emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes y de no presentarse para deslindarse de responsabilidades.
De acuerdo con lo informado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con base en el artículo 69-B, párrafo segundo del CódigoFiscal de la Federación, las autoridades fiscales emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados, se les notificó y se les otorgó un plazo de quince días hábiles para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos.
Sin embargo, en el plazo establecido los contribuyentes no se presentaron ante la autoridad fiscal y no presentaron alguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos, por lo que se procedió a la publicación del listado.
El SAT añadió que las autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento.
Con información de: Silvia Rodríguez.