El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la denuncia penal contra seis consejeros electorales está dentro del marco jurídico y negó que exista una persecución o intimidación, como acusó el Consejo General del INE.
Subrayó que el recurso ha salido ya del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados y se encuentra en la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que esa institución habrá de emitir la determinación conducente.
“En el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, sostuvo el legislador de Morena.
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó en su conferencia mañanera la presentación de la denuncia contra los consejeros electorales por posponer la consulta de revocación de mandato, Gutiérrez Luna dijo:
“La presidencia de la Cámara de Diputados, en apego a la institucionalidad y respetando el marco normativo, ha escuchado las diversas opiniones sobre este tema, las cuales merecen todo su respeto y son atendidas siempre con apertura, pluralidad e imparcialidad”.
En un comunicado, el diputado presidente afirmó que las acciones jurídicas han sido desplegadas en defensa del órgano legislativo y reafirmó su compromiso con la legalidad y la institucionalidad.
“En ese sentido, la presentación de las referidas denuncias se circunscribió al cumplimiento de la obligación que impone el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales de denunciar la presunta comisión de algún ilícito del que tenga conocimiento, como se procedió”, agregó.
Gutiérrez Luna confirmó que los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seguirán adelante para defender la vigencia y eficacia de la Ley Federal de Revocación de Mandato y del Presupuesto de Egresos de la Federación, en espera de la resolución definitiva.
“En relación con el comunicado del INE, esta presidencia señala categóricamente que no existe ninguna ‘persecución’ ni ‘intimidación’. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales”, remarcó.
DMZ