Las cifras oficiales más recientes indican que en este sexenio, hasta julio pasado, se acumularon 191 mil 143 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las que 17 mil 660 corresponden a lo que va del presente año.
De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio pasado se registraron 2 mil 546 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que equivale a una disminución del 14.5 por ciento respecto a las 2 mil 981 del mismo periodo en 2019 al inicio de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
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En 2024, el 44 por ciento del total de homicidios en el país se concentraron en seis estados:
- Guanajuato con mil 825
- Baja California con mil 424
- Estado de México con mil 384
- Chihuahua con mil 181
- Jalisco con mil 122
- Guerrero con mil 005
En el este sexenio los homicidios dolosos evolucionaron por los enfrentamientos entre los cárteles del crimen organizado quienes a través del uso de drones y minas artesanales incrementaron la violencia en busca de expandir sus territorios.
Especialistas en materia de seguridad, consultados por MILENIO, coincidieron en que el uso de tecnología como los drones fue un avance para las organizaciones criminales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estos artefactos son utilizados para trabajos de inteligencia y de violencia contra agrupaciones rivales y autoridades de distintos niveles.
"La evolución respecto a la manera en la cual, particularmente los grupos criminales organizados, están implementando nuevas prácticas y nuevas tecnologías para llevar a cabo enfrentamientos entre grupos y atacar a ciertas autoridades.
"A partir de 2021, justo después de la pandemia, empezaron a utilizar drones para llevar a cabo tanto actividades de vigilancia, recopilación de información para inteligencia de estos grupos criminales y después utilizarlos para tirar bombas de fabricación casera en ciertos lugares", dijo Armando Rodríguez, especialista en seguridad en inteligencia.
El uso de estos artefactos, los cuales también han causado bajas en las fuerzas armadas, también responde al despliegue operativo que realizó el gobierno federal tanto del Ejército y de la Marina para llevar a cabo operaciones de seguridad pública.
"Ha habido una profesionalización y un incremento en la capacidad bélica de los grupos del crimen organizado como la utilización de drones artillados, minas antipersonales, misiles tierra-aire", señaló el especialista David Saucedo.
Para los expertos debe ponerse en marcha un cambio en la estrategia de seguridad y uno de los puntos relevantes que deben ser atendidos por la administración de Claudia Sheinbaum es el de las policías municipales, para fortalecerlas y que dejen de ser vulnerables ante el crimen organizado.
"Sí o sí tiene que haber un proceso de fortalecimiento y eso es quizá el mayor punto de contraste no solo con López Obrador si no con todas administraciones anteriores, el abandono que hay en esas instituciones policiales es impresionante y se tendría que empezar en lugares que resultan lugares estratégicos para garantizar un mayor impacto y efecto contra el crimen organizado", comentó Armando Rodríguez.
Además de que también se debe reconsiderar si la captura de narcotraficantes de alto perfil como Rafael Caro Quintero y Ovidio Guzmán, realizadas en sexenio de López Obrador, aportan a reducir la violencia en los estados en que operan sus organizaciones criminales.
"La captura de narcotraficantes lo que hacía era provocar guerras al interior de los grupos criminales, guerras sucesorias, volvía a las organizaciones criminales solamente violentas, es decir, estrategias de captura y extradición de narcotraficantes lo único que provoca es el incremento de la violencia", añadió David Saucedo.
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HCM