En tres años, la administración anterior otorgó 77 concesiones para la explotación de mantos acuíferos en lugares con déficit de agua a través de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con un estudio elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos.
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El trabajo encabezado por los investigadores, Rodrigo Bolaños, Dalia Toledo y Cuauhtémoc Toledo, especifica que estas concesiones fueron liberadas entre abril de 2015 y diciembre de 2018, y no privilegiaron el uso público urbano y doméstico como lo establece la Ley de Aguas Nacionales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), dice el documento, reveló que tan sólo en 2015, de las mil 206 concesiones para aprovechamiento de las aguas superficiales otorgadas, 4.1 por ciento se dieron en cuencas con déficit, mientras que en el caso de agua subterráneas, sucedió en el 13.5 por ciento de los 8mil 87 títulos concesionados.
Los 77 títulos de los acuíferos sin disponibilidad otorgados entre 2015 y 2018, dijo Rodrigo Bolaños, se concentran en tres regiones del país: Lerma-Santiago, con 61 por ciento de los títulos, Río Bravo, 26 por ciento y Baja California sureste con 13 por ciento.
El estudio “Corrupción en el sector agua en México. ¿Quién es el responsable de la crisis? explica que las concesiones se otorgaron con información inadecuada, incompleta, inoportuna e incorrecta, sin seguir los procedimientos debidos y sin la visión de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos.
El documento afirma que tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad.
Incluso, cita al Inegi quien estima que los costos por el daño ambiental ocasionados por la contaminación son de 41.5 mil millones de pesos.
“Tanto en la Profeco como la Conagua cada vez tienen menos capacidad. Hay 149 inspectores para más de 500 mil títulos y a través de entrevistas confidenciales encontramos que las industrias llegan a pagar hasta el 20 por ciento del valor de la multa una vez que son inspeccionadas”, explicó el investigador Rodrigo Bolaños.
El estudio de Ethos también indica la existencia de 2 mil 280 pozos clandestinos que Conagua encontró de 2012 a 2018.
“Éste es un mínimo lo que se encontró obviamente el problema es muchísimo más no hay supervisión como ya mencionaba y además de todo siempre existen unos secretos donde se regularizan estas cuestiones y eso invita a que se tome caminos informales en vez de formales”, dijo.
Otro eslabón en la cadena de corrupción que, aseguran, desencadena los problemas y la falta de agua en nuestro país, son las obras hidráulicas sin vigilancia, supervisión ni fiscalización.
“La falta de datos importantes sobre los recursos públicos también genera riesgos de corrupción, pues los funcionarios pueden esconder decisiones discrecionales o actos de corrupción detrás de información incompleta y desactualizada”, dice el documento.
Los investigadores aseguraron que un paso inicial para combatir la corrupción en el sector es impulsar el monitoreo y la participación ciudadana en la toma de decisiones para que los actores involucrados se responsabilicen y expliquen su actuar ante otros órganos gubernamentales, los medios de comunicación y la sociedad.
OVM