La Secretaría de la Función Pública (SFP) alista una iniciativa de ley para dar certeza jurídica a las personas que alerten actos de corrupción en el interior de las instituciones de gobierno, para lo cual realizará tres conversatorios en los que escuchará opiniones de ciudadanos para complementar la propuesta legislativa.
Los conversatorios se realizarán a lo largo de este mes y en principios de noviembre, a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa a Víctimas de la Corrupción, en los que se construirá la iniciativa de Ley General de Alertadores de la Corrupción, desde un enfoque en el que se priorice el papel la ciudadanía comprometida en el combate a la corrupción.
En un comunicado, la dependencia informó que en el primero de los tres conversatorios, celebrado este miércoles, participaron más de 130 personas, ciudadanos en general, organizaciones sociales y personas servidoras públicas, los cuales aportaron sus propuestas para consolidar dicha iniciativa.
Esta ley sería un marco normativo sobre las obligaciones del Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar la alerta ciudadana de hechos de corrupción.
Al respecto, la secretaria Irma Eréndira Sandoval afirmó que la denuncia ciudadana de la corrupción es vital para construir una nueva ética pública en México.
Explicó que la nueva ley tendría que enfocarse a cómo proteger a las personas que alerten sobre actos de corrupción de cualquier forma de sanción, desde en el ámbito laboral hasta el derecho fundamental a la vida.
“El propósito es contar con los elementos esenciales, con base en las mejores prácticas y la identificación de las demandas de la ciudadanía en la materia, con una ley que salvaguarde los derechos humanos de las personas alertadoras ante riesgos derivados de sus denuncias, a través de las medidas que sean necesarias para su protección”, explicó la SFP.
La ley fortalecería el Sistema de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, puesto en marcha por la Función Pública en julio de 2019.
“La denuncia interna es un posicionamiento ético que puede funcionar como mecanismo de mejora y eficiencia administrativa, pero sobre todo es un medio para construir la nueva ética pública”, expuso Sandoval al iniciar los trabajos de los conversatorios.
Destacó que un elemento fundamental que retoma la Función Pública, y que debe reflejarse en la legislación que se construye, es el concepto de jerarquía en la relación de abuso de poder que se establece entre denunciante y denunciado.
Durante el conversatorio se informó que próximamente se publicará el protocolo para la protección a las personas alertadoras.
Patricia Legarreta Haynes, coordinadora general de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, señaló que para analizar las propuestas recibidas, se abrirán espacios técnicos durante la próxima semana.
En los próximos dos conversatorios, añadió el comunicado, se abordarán los mecanismos para la seguridad digital de las comunicaciones que se implementen con las personas alertadoras, con prioridad al cuidado de los datos y de la información, así como la construcción de una herramienta que permita implementar medidas de reparación integral hacia la construcción de la ley.
FS