Para 2021 se eliminarán ocho áreas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), además recortarán 28 por ciento del gasto de operación, de 141.5 millones a 101.2 millones de pesos, y el recurso para salarios de contralorías internas crecerá 68 por ciento.
Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, serán la Subsecretaría de la Función Pública, la Dirección General de Información e Integración, la Dirección General de Igualdad de Género, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, la Unidad de Gobierno Digital, la Unidad de Política de Contrataciones Públicas y la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas.
Las contralorías internas en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control tendrán el mayor monto para salarios, con 662.1 mdp.
Sin embargo, el gasto de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control caerá de 20.2 millones de pesos a 15.7 millones.
La Contraloría Interna de la dependencia pasó de 2.6 millones a 589 mil pesos; la Unidad de Administración y Finanzas de 386 mil pesos a 102 mil, y la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de 8.9 millones a 2.1 millones de pesos.
La Dirección General de Igualdad de Género y la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional ejercían recursos del programa “Promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas”, los cuales desaparecerán.
La Unidad de Política de Contrataciones Públicas y la de Normatividad de Contrataciones Públicas serán la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas.
Asimismo, Responsabilidades y Situación Patrimonial, y Controversias y Sanciones, en Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones; y la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y la Dirección General de Transparencia en la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción.
Por otra parte, se creará la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción.