Para 2021 se eliminarán ocho áreas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), además recortarán 28 por ciento del gasto de operación, de 141.5 millones a 101.2 millones de pesos, y el recurso para salarios de contralorías internas crecerá 68 por ciento.
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Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, serán la Subsecretaría de la Función Pública, la Dirección General de Información e Integración, la Dirección General de Igualdad de Género, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, la Unidad de Gobierno Digital, la Unidad de Política de Contrataciones Públicas y la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas.
Las contralorías internas en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control tendrán el mayor monto para salarios, con 662.1 mdp.
Sin embargo, el gasto de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control caerá de 20.2 millones de pesos a 15.7 millones.
La Contraloría Interna de la dependencia pasó de 2.6 millones a 589 mil pesos; la Unidad de Administración y Finanzas de 386 mil pesos a 102 mil, y la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de 8.9 millones a 2.1 millones de pesos.
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La Dirección General de Igualdad de Género y la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional ejercían recursos del programa “Promoción de la cultura de la integridad y el aprecio por la rendición de cuentas”, los cuales desaparecerán.
La Unidad de Política de Contrataciones Públicas y la de Normatividad de Contrataciones Públicas serán la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas.
Asimismo, Responsabilidades y Situación Patrimonial, y Controversias y Sanciones, en Unidad de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones; y la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción y la Dirección General de Transparencia en la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción.
Por otra parte, se creará la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción.