En 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha presentado 79 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de corrupción identificados en el gobierno federal.
En agosto pasado, el titular de la SFP, Roberto Salcedo, informó que tan sólo del caso Segalmex, en donde se presume un posible desfalco de más de 9 mil millones de pesos durante el actual sexenio, se habían presentado 38 denuncias penales.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra este 9 de diciembre, la Secretaría hizo un balance de los avances de su trabajo en materia anticorrupción, entre los que destacan las 79 denuncias ante la FGR por la probable comisión de delitos asociados con enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude y peculado.
Además, la dependencia ha aplicado sanciones económicas por 133 millones de pesos.
En un boletín de prensa, informó que, como encargada de investigar las conductas de las personas servidoras públicas que puedan constituir responsabilidades, al tercer trimestre del año, la SFP había integrado 25 mil 003 expedientes, de los que mil 455 fueron por faltas administrativas graves, que fueron turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, y 23 mil 548 expedientes corresponden a faltas no graves.
De estos últimos, se han concluido 20 mil 706 asuntos y 2 mil 842 están en trámite, precisó.
La SFP detalló que las resoluciones de los expedientes concluidos generaron la imposición de 2 mil 917 sanciones administrativas a 2 mil 552 personas servidoras públicas y 64 sanciones económicas por un monto acumulado de más de 133 millones de pesos.
En materia de contrataciones públicas a licitantes, proveedores y contratistas, se emitieron 346 resoluciones, de las cuales 249 fueron sancionatorias, con multas que ascienden a mil 277 millones de pesos, y 175 inhabilitaciones a empresas.
La SFP recordó que la resolución 58/4, del 31 de octubre de 2003, de la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el objetivo de aumentar la sensibilización sobre esta problemática y fomentar acciones corresponsables que destaquen la importancia de promover la integridad a nivel global.
La Secretaría explicó que, como órgano interno de control del gobierno federal, su trabajo se desarrolla en tres grandes rubros: prevención, detección y fiscalización, e investigación e imposición de sanciones.
La prevención se basa en identificar, administrar y controlar los riesgos para establecer las estrategias que impidan la materialización de irregularidades en el servicio público, para lo cual promueve el funcionamiento eficaz de los 234 Comités de Control y Desempeño Institucional, los cuales están presente en toda la Administración Pública Federal y, tan sólo en 2022, han permitido controlar y dar seguimiento a 4.1 billones de pesos.
El Código de Ética de la Administración Pública Federal fue publicado el 8 de febrero de 2022 y tiene como objetivo establecer los principios, valores y reglas de conducta que deben observar las y los servidores públicos. Su cumplimiento es vigilado por 312 Comités de Ética.
El trabajo de detección y fiscalización consiste en constatar el cumplimiento de las disposiciones normativas, revisar en tiempo real las compras y la ejecución de la obra pública, y fomentar la participación ciudadana.
Para 2022, la SFP ha programado 3 mil 763 actos de fiscalización y ha dictaminado 488 estados financieros de los entes públicos correspondientes al ejercicio 2021.
Para controlar los procesos de adquisiciones y de obra pública, la SFP ha fortalecido y desarrollado las bitácoras electrónicas de Seguimiento de Adquisiciones (BESA) y de Seguimiento a Obra Pública (BESOP), mediante las que monitorea el 100 por ciento de la obra, al vigilar 3 mil 453 contratos por un monto de más de 44 mil 500 millones de pesos y más del 80 por ciento del monto de las adquisiciones públicas, mediante la supervisión de 3 mil 241 contratos por un importe superior a los 313 mil 400 millones de pesos.
Además, expuso, la SFP impulsa la contraloría social, que en 2022 validó las estrategias correspondientes a 72 programas con un presupuesto asignado de 696 mil millones de pesos.
Se han conformado más de 48 mil comités, en los que participan más de 219 mil personas beneficiarias, informó.
EHR