Al menos cuatro funcionarios del gabinete federal han ignorando durante más de tres semanas, las solicitudes que les envió el Instituto Nacional Electoral (INE) para que colaboren en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que deja a la autoridad electoral sola en la organización de este ejercicio, pese al déficit presupuestal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Rogelio Ramírez de la O, tiene hasta el último minuto de este lunes 31 de enero para responder sobre la solicitud presupuestal de mil 738 millones 947 mil 155 pesos que realizó el INE. Hasta el cierre de esta edición, no había una respuesta formal y de no enviarla cuando venza el plazo establecido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), habrá caído en un desacato judicial.
Hacienda no es la única área federal que ha ignorado los llamados del INE. El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, no respondió a la solicitud que recibió el 7 de enero en la que se le pidió, que tal como sucedía históricamente en todas las jornadas de votación, prestar plantas eléctricas para emergencia, las cuales permitan que no se interrumpa el Programa de Resultados Electorales Preliminares, servicio que este gobierno suspendió y por lo que ahora, en cada elección, el INE señaló que debe pagar 22.38 millones de pesos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezado por Zoé Robledo, tampoco dio respuesta al oficio enviado ese mismo día en el que se le solicitó proporcionar, como anteriormente sucedía, al personal de primeros auxilios que ahora se contratan por 5.94 millones de pesos para atender emergencias durante la votación.
Y hasta ahora, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha ignorado la petición que recibió el 6 de enero para que Talleres Gráficos de México apoye con la impresión gratuita de las boletas por las que el INE pagará 49.1 millones de pesos.
MILENIO confirmó que, hasta este fin de semana, el INE no había recibido respuesta de ninguna de las cuatro áreas del gobierno federal, lo que demuestra una estrategia generalizada para ignorar las peticiones relacionadas con la jornada de revocación de mandato, luego de que el instituto no atendió la propuesta de austeridad enviada por el gobierno federal y que por el contrario, exhibió inconsistencias y criticó datos erróneos.
Presentarán informe final sobre firmas
Este lunes a las 18:00 horas, el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, presentará al Consejo General del INE el informe final de revisión de firmas con 3.4 millones válidas, que representan el 125.15 por ciento de las 2.7 millones necesarias, por lo que legalmente deberán avanzar en el proceso de convocatoria y llegar a la consulta el 10 de abril.
Jacobo Molina explicó como probable que cuando inicie la sesión, la Secretaría de Hacienda no haya contestado, pero “aún así, yo el 31 presento el informe para que no haya más especulaciones o dudas, aunque ya se ha dicho que la revocación es un hecho, pero no sabemos si va a contestar, si no va a contestar o en qué sentido va a contestar.
“Para los efectos del INE, si no hay una respuesta formal, sería una especie de negativa ficta porque nosotros ya no tenemos más tiempo que perder, tenemos muy poco tiempo para todo el despliegue nacional de organización, sería ‘sabemos que Hacienda no nos va a contestar, sigamos con el recurso que tenemos’. Lo demás será un asunto entre el Tribunal Electoral y la Secretaría de Hacienda, parecería un desacato, pero eso no me corresponde a mí decirlo”.
El 1 de febrero, con o sin dinero adicional, comenzarán las reuniones con las áreas técnicas y el Consejo General para retomar los escenarios con la tercera parte del presupuesto.
“Si no hay recursos adicionales es imposible llegar a las 161 mil 460 casillas que sería atender la disposición que hay de ley, sería imposible, el INE ya hizo esfuerzos desde diciembre pasado para reconsiderar los costos de la revocación, buscar costos adicionales e incluso se nos puso metas de ahorro con disciplina presupuestal muy estricta”.
Jacobo Molina advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que resolver los primeros días de la próxima semana la controversia constitucional interpuesta por el INE sobre el déficit presupuestal, pues de lo contrario, “sería inoperante porque no podemos detener todo el proceso para llegar al 10 de abril, sería postergar todo y creo que ya no es conveniente ni políticamente ni materialmente.
“Entonces, el 4 vamos a consejo y el 5 yo contrato lo que sería lo más costoso que son capacitadores electorales y supervisores electorales porque desde el 8 de febrero entran a campo a buscar a las personas que han sido insaculadas, después de esa fecha ya no sería posible porque ya todo el proceso está en marcha resuelva."Nosotros ya habremos notificado al Tribunal y a la Corte que no estaremos en condiciones de cumplir estrictamente con lo que señala la ley en la materia, de instalar el mismo número de casillas que un proceso electoral federal”.