El Tribunal Electoral confirmó un segundo incumplimiento de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que eliminara publicaciones de sus redes sociales, en las que difundió propaganda gubernamental prohibida durante la revocación de mandato.
Claudia Sheinbaum impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el llamado por incumplimiento que emitió la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE por no haber acatado la orden de eliminar publicaciones posiblemente ilícitas por contener propaganda gubernamental en tiempo prohibido, durante la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López obrador.
A través de Adrián Chávez, director general de Servicios Legales del gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno alegó que no eliminó dos publicaciones de Facebook porque consideró que no es propaganda gubernamental indebida, y volvió a citar el decreto de la Cámara de Diputados de reinterpretación, lo que la Sala Superior le reiteró, nuevamente, que quedó establecida su inaplicabilidad por estar fuera de tiempos legales.
El 26 de marzo, la Comisión de Quejas le ordenó retirar varias publicaciones, el 6 de abril le reiteró que había dos publicaciones de Facebook que estaban en incumplimiento, pues no fueron eliminadas, el 12 de abril, Sheinbaum impugnó este último llamado.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso declarar inoperantes e ineficaces los alegatos de la jefa de Gobierno y confirmar este segundo incumplimiento, que se suma a la sentencia del pasado 6 de abril en donde se confirmó el desacato de Sheinbaum y del presidente López Obrador.
La propuesta explicó que, de inicio, la jefa de Gobierno no impugnó la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias y simplemente se limitó a no acatarla, al considerar “que no estaba obligada a retirar las publicaciones porque no consideraba que eran propaganda indebida”, y después quiso impugnar el llamado de incumplimiento.
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Finalmente, el proyecto se aprobó con un voto concurrente del magistrado José Luis Vargas, quien desde el primer caso de incumplimiento se manifestó en contra.
Al declarar la invalidez del proceso de revocación de mandato, la Sala Superior detalló que son 15 los casos de incumplimientos detectados en contra de órdenes del Instituto Nacional Electoral cometidos por varios funcionarios públicos, entre ellos, la mandataria capitalina.
LP