Por: Diana García
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Las acciones afirmativas en materia político-electoral no son un triunfo del poder legislativo, sino del poder judicial, y específicamente del Tribunal Electoral. Así, la propuesta de reforma constitucional que busca que las acciones afirmativas sean facultad exclusiva del poder legislativo pone en riesgo la pluralidad que hemos logrado, así como el derecho a la igualdad y no discriminación. A pesar de que las minorías ahora cuentan con representación en el poder legislativo, siguen siendo eso: minorías. Las personas con discapacidad, indígenas o afromexicanas no cuentan con una mayoría en el poder legislativo para poder adoptar normas que aseguren el derecho a la igualdad de estos grupos. Establecer que las acciones afirmativas sean facultad exclusiva del Congreso presupone un voto de confianza en la buena voluntad de los legisladores. El problema es que, durante muchos años, el legislativo hizo caso omiso a estos grupos. Fue en los tribunales donde se defendieron los derechos de las minorías. La propuesta de reforma constitucional pone en peligro el avance en la igualdad y no discriminación de grupos minoritarios.