Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, reconocen los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la investigación del caso, en comparación con la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto. No obstante, advierten que si la cuarta transformación no esclarece los hechos, también será culpable del crimen.
“Para nosotros es diferente, pero también es la preocupación. Hasta el día de hoy queremos que sigan las líneas de investigación y que tengan voluntad propia para esclarecer lo que pasó, porque en esta cuarta transformación, si el gobierno mexicano no aclara los hechos, también será culpable”, dijo a MILENIO María de Jesús Tlatempa, madre de José Manuel Bartolo Tlatempa.
Después de ocho años, tras el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), de la revelación de que los estudiantes fueron arteramente asesinados en 2014 y de las detenciones del ex procurador Jesús Murillo Karam y de elementos del Ejército, han optado por la prudencia y confianza en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de quienes esperan les den certeza sobre el paradero de sus hijos.
“Nuestros expertos, sea cual sea la verdad, nos la van a decir, pero a ciencia cierta lo que estamos esperando es que la información que está diciendo el gobierno sea cierta, porque no se sabe de dónde salieron los chats (que intercambiaron personajes clave sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre), por eso no podemos decir y asimilar que lo que dicen sea verídico”, destacó María de Jesús Tlatempa.
Además de la veracidad de dichos mensajes, a los familiares de los 43 desaparecidos les preocupa que la mayor fuente de información del gobierno federal sobre el caso de los estudiantes sea Gildardo López Astudillo, El Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos.
“El tal Gil tiene la protección del gobierno y ahora sí que no es creíble todo lo que diga, porque alguna información que ha dicho sí ha sido verídica, pero la otra parte de nuestros hijos, pues no.
“Es una persona que ha mentido, no brinda confianza y no se le puede creer todo, se tiene que hacer una investigación porque están callando la verdad”, aseguró la madre de José Manuel.
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La lucha es por la verdad
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), una de las organizaciones que representa a las familias de los estudiantes desaparecidos, su lucha no ha sido con el objetivo de que una persona esté en la cárcel, sino para dar con la verdad.
Santiago Aguirre, director del centro, mostró preocupación porque las recientes detenciones las ha llevado a cabo la Fiscalía General de Justicia (FGR) y no la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca), pues es la dependencia en la que confían los padres y madres de los 43 normalistas.
La ruptura al interior de la Fiscalía General de la República en torno a la investigación del crimen no es nueva; el centro señaló que algunos procesos siguen estancados, pues además de no lograr la colaboración de Israel para la extradición de Tomás Zerón de Lucio, hay un retraso significativo en la ejecución de órdenes de aprehensión e incluso la cancelación de estas, lo cual “atenta contra la independencia de la unidad especializada para el caso”.
“No obtenemos de la FGR el esfuerzo ni la dedicación para levantar a una institución que está en deuda con el pueblo de México, no somos ajenos al contexto, lo reconocemos y señalamos, estos pendientes son parte de lo que los padres y madres señalan en sus expresiones de justicia para el caso.
“Para los familiares es importante mantener un buen entorno para que la agencia dedicada al caso pueda ejercer su labor”, mencionó Aguirre.
Días, meses y años han pasado desde aquella noche trágica en Iguala, los padres y madres de los normalistas se preguntan si toda la vida vivirán con la incertidumbre de conocer el paradero de sus hijos.
Sin embargo, aunque el paso del tiempo disminuye las posibilidades de reconstruir a detalle la verdad del caso, ellos no pierden la esperanza.
“En un contexto donde existe una politización de la justica, con el hecho de poder contar con una instancia internacional, independiente e imparcial conformada por técnicos que no aspiran a quedarse en México y con un compromiso con la verdad, los padres y madres ante todo confían en el GIEI, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Es para ellos la garantía de que su caso no será distorsionado de nuevo, en eso fincan sus esperanzas a futuro de llegar a la verdad, igual sí no se llega al nivel de detalle que desean, pero que les de paz en sus corazones”, finalizó Aguirre.