Sigue caso ‘Cobijagate’; preparan audiencia

Será el 29 de enero. La Fiscalía Anticorrupción pedirá a un juez vincular a proceso a los implicados en la compra simulada.

Han encontrado algunos inconvenientes en el tema. (JORGE LÓPEZ)
Eduardo Mendieta
Monterrey /

El Cobijagate, escándalo de corrupción que estalló hace cuatro años, al inicio del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, podría acabar este 29 de enero en funcionarios o ex funcionarios imputados.

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León pedirá a un juez vincular a proceso a él o los implicados en una audiencia a las 09:45 de ese día, pues se investiga la compra simulada de 200 mil cobertores, por 28.9 millones de pesos.

Una fuente de información ligada al caso confirmó la hora y la fecha, pero no pudo revelar los nombres por la presunción de inocencia de los involucrados.

Con la carpeta de investigación del caso se contempla emprender la estrategia para judicializarlo.

La semana pasada, MILENIO Monterrey informó que a cuatro años de la compra simulada de cobertores por parte del gobierno del estado que terminó en denuncias penales, la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Javier Garza y Garza, perfilaba solicitar a un juez la vinculación a proceso a él o los implicados en el escándalo.

Sin embargo, uno de los problemas con los que se están enfrentando es el inejercicio de acción penal dictado por Ernesto Canales Santos, anterior subprocurador Anticorrupción, en el que argumentó en ese entonces no encontrar elementos para acreditar el delito.

El 28 de diciembre del 2015, a tres meses de la entrada del gobierno de Rodríguez Calderón se concretó la supuesta compra de 200 mil cobertores a precios inflados, por un monto de 28.9 millones de pesos a una empresa fantasma.

Sin embargo, el Congreso de Nuevo León rechazó la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2016 del gobierno central, luego de que la Auditoría Superior acreditó la compra de facturas y el pago indebido por colchas nunca recibidas, es decir, una adquisición simulada.

A detalle

Antecedente
• En noviembre del 2018, el fiscal Javier Garza y Garza cuestionó el inejercicio de la acción penal que decretó el entonces subprocurador Anticorrupción, ya que presuntamente no se cumplieron los requisitos legales.

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