Los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales y de intereses que aplicarán para todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno en el país podrían ser aprobados este jueves en sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
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Dichos formatos fueron modificados para que incluyan mayor información para conocer el patrimonio de los servidores públicos y las relaciones personales, de amistad y de negocios o en sociedades y clubes que tengan los funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Los nuevos formatos ya no darán al servidor público la opción de ocultar su información; es decir, que la mayoría de los rubros deberán ser públicos sin excepción para mayor transparencia y mejor seguimiento de la evolución patrimonial y de las relaciones de cada uno de los funcionarios.
Sin embargo, aunque la expectativa es que estos formatos sean aplicados ya en el proceso de transición del gobierno federal para que los servidores públicos que se van y los que entran ya proporcionen la información que allí se pide, al tratarse de una nueva obligación a nivel nacional, la postura de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es pedir que se consideren las cuestiones técnicas para que los estados y municipios puedan aplicarlos.
Así lo explicó, en entrevista con MILENIO, Dante Preisser, titular de la Unidad de Vinculación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con el Sistema Nacional Anticorrupción, quien dijo que debido a que probablemente los estados y municipios no cuenten todavía con la capacidad técnica para poner a funcionar el sistema de declaraciones, se pedirá esperar a que en esos niveles de gobierno cuenten con las capacidades necesarias.
En la sesión de este jueves, la titular de la SFP, Arely Gómez, planteará como fecha límite para que los formatos entren en vigor el mes de abril de 2019 para que en mayo, cuando por ley se hacen las declaraciones patrimoniales anuales, ya sea aplicable en todo el país, sin excepción.
“La posición es que el análisis que se haga respecto de la entrada en vigor de los formatos sea un análisis serio y tenga como fundamento posiciones técnicas, no políticas… La preocupación de la Función Pública son el nivel estatal y municipal, más que el federal”, explicó Preisser.
Agregó que en caso de aprobarse, dichos formatos serían considerados de vanguardia por la cantidad de información que revelarán y la facilidad con la que podrán identificarse los focos rojos o amarillos en materia de corrupción a partir de la información allí vertida.
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En la sesión de hoy, citada para las 18:30 horas, también se aprobarían una reestructuración a la Auditoría Superior de la Federación, un protocolo para combatir el cohecho internacional, las bases de funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, entre otros instrumentos para combatir la corrupción.