En medio de un conflicto legal entre el gobierno de México y 11 empresas estadunidenses, el trasiego de armas mantiene un ritmo constante, pues cada mes se decomisan 812 pistolas y rifles con manufactura gringa en nuestro país.
Un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al cual tuvo acceso MILENIO, precisa que entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de noviembre de 2021 los cuerpos de seguridad aseguraron 18 mil 91 armas construidas por alguna firma estadunidense.
“Se identifica a Estados Unidos como el principal productor de armas que han sido aseguradas en México”, se lee en el documento e incluso se da un desglose sobre el tipo de armamento que incautaron las autoridades mexicanas: 10 mil 640 cortas, 7 mil 365 largas y 78 de corte “especial”.
Los esfuerzos de los elementos de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina o la Guardia Nacional han derivado en el decomiso de 30 mil 431 armas que cuentan con el dato del país de fabricación y de las cuales 59.4 por ciento fueron hechas por alguna de las armerías estadunidenses.
Los números expuestos por el gobierno federal, con los cuales buscarán defender la denuncia interpuesta contra las grandes armerías de Estados Unidos para que asuman su responsabilidad por el tráfico ilegal hacia nuestro país, dibujan un mapa en el que se ha decomisado al menos un arma estadunidense en la mayoría de los municipios.
Incluso se marca a Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa, y Reynosa, Tamaulipas, como las demarcaciones con mayor incidencia de aseguramiento de armamento producido por fábricas estadunidenses.
Además de la producción de armamento, el documento de la SRE muestra que de las cifras registradas entre enero 2020 y noviembre 2021, seis de cada 10 armas aseguradas fueron comercializadas previamente en Texas (5 mil 890), Arizona (2,519), California (2,106) y Connecticut (mil 587).
Para tener un mayor nivel de reconocimiento geográfico sobre el tráfico de armas en el país, las autoridades federales destacaron los tres mayores corredores del contrabando donde se han realizado más aseguramientos: Texas-Tamaulipas con mil 284; Arizona-Sonora con mil 108 y Baja California-California con 566.
En la mayoría de los estados de la República domina la presencia de armamento comercializado desde Texas, pero en algunas entidades federativas con altos niveles de violencia, como Guanajuato y Sinaloa, la mayoría del armamento asegurado provino desde alguna feria o tienda de armas ubicada en Arizona.
Por otra parte, los traficantes de armas que operan desde Connecticut han visto una oportunidad de mercado el enviar sus productos hacia demarcaciones con bajos niveles de violencia, ya que entre 35 y 43 por ciento de las armas incautadas en Campeche, Tlaxcala y Yucatán provenían desde la costa este de EU.
Ante la problemática del tráfico de armas hacia nuestro país, el documento oficial señala que los gobiernos de México y EU acordaron, en diciembre pasado, la creación del programa Entendimiento Bicentenario para “aumentar esfuerzos binacionales”, así como “compartir información para maximizar impacto de aplicación de la ley” con el fin de reducir el tráfico de armas.
La voluntad de ambas naciones destaca ante lo expuesto en reiteradas ocasiones por el canciller, Marcelo Ebrard, sobre que en EU no ha habido medidas de restricción para el comercio de armas, por lo que se tomó la decisión de hacer responsables a las empresas fabricantes de la violencia que se padece en el país.
En la denuncia que se interpuso contra las armeras se expone que más de 3.9 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en EU y que entre 70 y 90 por ciento de armas aseguradas en escenas criminales fueron traficadas ilegalmente.
Además se especificó que del total de armas recuperadas en crímenes violentos, casi 70 por ciento fueron producidas por Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett; todas ellas forman objeto de la demanda del gobierno federal. Se espera que la SRE responda hoy a firmas demandadas respecto a que no existe ningún tipo de prueba que acredite su participación directa en el incremento de violencia en nuestro país.