Este martes ingresaron a la Legislatura dos iniciativas más para tratar de proteger al gremio periodístico y a defensores de derechos humanos de la entidad, con las cuales suman tres propuestas en análisis para generar el marco jurídico estatal que garantice su desarrollo profesional sin riesgo.
Los diputados Ingrid Krasopani y José Antonio García, del PAN, presentaron los proyectos de decreto para expedir la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico del Estado de México y la Ley para la Protección de Periodistas, Libertad de Expresión y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
En ellos consideran necesario crear el Sistema Mexiquense de Protección y de una Fiscalía especial para investigar delitos cometidos contra estos grupos, además de incluir en el Código Penal un tipo específico que sancione la vulneración de la libertad de expresión y el derecho a la información, tomando como base el negativo escenario en el cual desarrollan sus actividades.
Los legisladores apuntan que es obligación del Estado tener mecanismos de prevención y respuesta ante casos de riesgo y brindarle seguridad personal a quien esté en riesgo, así como a su familia, proveer de chaleco antibalas, seguridad cibernética, evacuar, líneas telefónicas de emergencia, reubicación temporal, apoyo psicológico, protección de inmuebles, sistema de alerta digital, entre otras.
Cada 10 horas, una agresión a periodistas...
Indicaron que de acuerdo con la organización Artículo 19 se documentaron 406 agresiones a periodistas en México, lo cual representa un incremento de 45 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se presentaron 280 casos.Esto significa que cada 10 horas se registra una agresión a periodistas y la necesidad de protegerlos, así como reforzar los derechos de libertad de expresión e información.
Otras iniciativas
Por su parte, la coordinadora de Encuentro Social, Julieta Riquelme, pidió elevar el nivel del Consejo de Ciencia y Tecnología (Comecyt), y convertirlo en Secretaría de Ciencia y Tecnología para darle el peso real que tiene esta área.
Dijo que hasta el momento el Comecyt no ha cumplido su función como generador de políticas públicas, pues 46 por ciento de sus recursos se van a la Red de Innovación de Aprendizaje que nadie audita ni sabe si tienen resultados positivos.
En tanto, la diputada Elizabeth Millán, de Morena, pidió reformar la Ley de Defensoría Pública para que se garanticen evaluaciones anuales de quienes se encargan de defender a quienes no tienen recursos, para garantizar su eficiencia.
La diputada Araceli Casasola, del PRD, planteó reformas al artículo 128 constitucional para que los nombramientos de los contralores pasen por el Cabildo, pero por los regidores de oposición, y no sean directamente relacionados con los alcaldes para garantizar su independencia.
Del PRI subió a tribuna la diputada Brenda Aguilar, para considerar ajustes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que los informes trimestrales de las comisiones sean elaborados por sus presidentes, pero tomando en consideración la opinión de los integrantes.
KVS